Las viviendas en venta o alquiler con duración superior a los cuatro meses deberán contar desde hoy con un certificado de eficiencia energética, sin el que los propietarios podrían ser sancionados con más de 6.000 euros, según lo dispuesto en el real decreto aprobado por el Gobierno.

El Ejecutivo aprobó el pasado 5 de abril el real decreto que establecía la obligatoriedad de este certificado y, posteriormente, el PP introdujo vía enmienda en el proyecto de ley de reforma de la rehabilitación un listado de sanciones que van de los 300 a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, de los 601 a los 1.000 en el de las graves y de los 1.001 a los 6.000 para las muy graves.

Se entenderá por falta leve el no mencionar el certificado en la oferta de la vivienda o incumplir la normativa relativa a su renovación; será grave cuando no se presente el certificado ante la comunidad autónoma para que quede registrado o cuando no se entregue al comprador o al inquilino; y, finalmente, se considerará muy grave no contar con el certificado o haber falseado información para obtenerlo. La enmienda contempla también sanciones superiores a los 6.000 euros "en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas".

Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y, en el caso de edificios existentes, un documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Los ingenieros industriales y técnicos competentes cifran en 250 euros el coste del certificado energético, aunque "no habrá tarifas preestablecidas" y cada profesional podrá "ofrecer libremente" su presupuesto.