La Mesa del Congreso ha formalizado este martes la prórroga de quince días para acordar un nuevo texto de la ley de amnistía que debería estar listo el 7 de marzo con el fin de ser debatido y votado nuevamente en el pleno de la Cámara Baja.

Después de que el grupo socialista haya solicitado la ampliación del plazo, que vencía mañana, para que la Comisión de Justicia elaborara un nuevo dictamen, las negociaciones sobre la amnistía continúan, según ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

En declaraciones a la Ser, Montero ha señalado que "ojalá lleguemos dentro de unas horas o dentro de unos días" a un acuerdo "que yo estoy convencida de que terminará saliendo".

La también vicesecretaria general del PSOE ha incidido en que los socialistas se han acogido a la prerrogativa que recoge el Reglamento del Congreso para poder prorrogar el plazo marcado para cerrar un nuevo dictamen con el objetivo de seguir dialogando.

En este sentido, ha puntualizado que "la ley entró constitucional en el Congreso de los Diputados y tiene que salir constitucional", que es lo que tiene que "perseguir cualquier materia técnica que se quiera incorporar".

Por su parte, el diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, también ha confiado en que esta ampliación de plazo dé lugar a un entendimiento y ha confirmado que entre PSOE y Junts "sigue habiendo negociación".

Precisamente, ante la información publicada por el País de que la Oficina Federal de Justicia de Suiza ha pedido al juez del caso Tsunami que amplíe los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española, Pisarello ha incidido en declaraciones en el Congreso en que "Suiza está anticipando el ridículo que van a hacer quienes pretenden equiparar formas de protesta legítima con el terrorismo".

Y es que la Oficina Federal alerta de que debe verificar si ésta tiene carácter "político", lo que, recuerda, de acuerdo con la legislación del país sobre asistencia mutua en materia penal, les impediría cooperar con la Audiencia Nacional.

La amnistía de todo tipo de delitos de terrorismo es el principal escollo que separa a Junts del PSOE, y según la vicepresidenta primera "son los que tenemos que desarrollar a lo largo de estos días".

También desde el BNG, su portavoz Néstor Rego, ha confiado en el Congreso en que se llegue a un pacto "por el bien de la democracia".

Fuentes de la Mesa del Congreso han recordado que la Comisión de Justicia trabajará hasta el 7 de marzo, como límite máximo, sobre el dictamen que fue rechazado por los independentistas catalanes de Puigdemont en el pleno del Congreso y ha incidido en que las negociaciones y los pactos deben hacerse sobre las iniciativas o enmiendas que quedaron vivas y no fueron aprobadas en el hemiciclo.

Una vez que el dictamen salga de la Comisión de Justicia corresponde a la Junta de Portavoces llevarla a un orden del pleno, que podría ser la semana del 12 o del 19 de marzo.

No obstante, fuentes de Vox señalan que están estudiando medidas jurídicas para tratar de frenar la tramitación de una ley que consideran que tendría que haber decaído en el pleno del Congreso al haber sido rechazada en su conjunto.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado la extensión del plazo para elaborar un nuevo dictamen que -en su opinión- "solo persigue que al señor Puigdemont le guste su propia amnistía".

"Es la prueba de que no sirve para traer paz social y concordia, sino que se trata de una ley hecha a medida de los separatistas con el único objetivo de buscar su beneficio...y a medida van saliendo decisiones de los jueces, se van estirando las costuras de este traje hecho a la medida de Puigdemont", ha puntualizado en rueda de prensa en el Congreso.