La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al colectivo de abogados de presos de ETA y a su entramado económico con el arresto este lunes de dieciséis personas, doce de ellas letrados y cuatro relacionadas con el aparato de tesorería de la organización, acusadas de pertenencia a la banda terrorista, de delitos de blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública. Esta operación, denominada Mate, se ha desarrollado en Guipúzcoa, con cinco detenidos; Vizcaya (otros 5), Navarra (3) y Madrid (3).

Durante la operación, que comenzó en torno a las 07:00, los agentes han registrado bufetes de abogados, herriko tabernas e, incluso, la sede del sindicato LAB de Bilbao. Según las mismas fuentes, en Vizcaya, y en concreto en Bilbao, han sido detenidos la abogada Ane Ituiño y Kepa Joys Mantzizidor, en tanto que en Baracaldo ha sido arrestado Javier Carballido, quien fuera tesorero de Herrira. También ha sido detenido Atxarte Salvador. En el municipio vizcaíno de Muskiz la Guardia Civil ha detenido al abogado Alfonso Zenon, condenado el año pasado a una multa e indemnización por un delito de calumnias con publicidad cometido contra el ex consejero vasco de Interior Rodolfo Ares, a quien acusó de haber ordenado que la Ertzaintza torturara a los detenidos en una operación en Ondarroa. Mientras, en Guipúzcoa los arrestados son Arantxa Aparicio, detenida en su domicilio de San Sebastián y una de los abogados del despacho que representó la defensa del etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, en libertad condicional por un cáncer terminal. En la localidad guipuzcoana de Zarautz ha sido detenida Ainhoa Baglietto, abogada de Bolinaga; en Oiartzun lo ha sido Onintza Ostolaza; en Ibarra, Jon Mintegiaga, y en Hernani, Aiert Larrarte. Por su parte, en un hotel de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz los agentes de la Guardia Civil han detenido a los abogados Eukane Jauregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izko, esta última dirigente de Sortu. La operación se ha llevado a cabo también en Navarra, donde han sido detenidos Jaione Carrera, Francisco Javier Balda y Nagore Sanmartín.

Los 12 abogados están acusados, además de integración en la banda, de delitos de blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, llegaron a ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera), según informa Interior.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz precisa que estos gastos fueron sufragados por Herrira. De hecho, 4 de los 16 detenidos por formar parte del denominado frente de cárceles son miembros de Herrira que ejercían labores de tesorería dentro de esta organización que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial.

Los detenidos como tesoreros de Herrira gestionaban los mismos recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, además de utilizar las mismas técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas y continuar su actividad. Entre sus funciones se encontraban la de efectuar los pagos a los letrados que formaban parte del "colectivo de abogados" por las actividades que realizaban.

La operación ha supuesto la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al "colectivo de abogados" (BL) y supone también la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda. La Guardia Civil considera que los abogados detenidos formaban una estructura organizada que aprovechando la cobertura que les otorga su actividad profesional, ejercían sus funciones siguiendo las directrices marcadas por la banda terrorista, anteponiendo, de esta manera, los intereses de ésta a los de sus defendidos.

En el marco de estos trabajos participaban activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la banda. Asimismo, trasladaba a los presos las directrices e instrucciones de la propia ETA. Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas.

La Operación Mate es fruto de distintas líneas de investigación. Unas derivan del análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados en anteriores operaciones contra las diferentes estructuras del frente de cárceles y otras son consecuencia de investigaciones paralelas.

La documentación intervenida en anteriores operaciones ha permitido determinar que las actividades para mantener a los presos bajo la disciplina de ETA se combinaban con una acción en el exterior sobre sus familiares mediante un entramado de apoyo social a favor de los mismos, que se veía complementada con medidas económicas y asistenciales.

Para desarrollar las funciones asignadas, "el colectivo de abogados" utilizaba las llamadas "rondas de control a los presos de ETA", en las que los letrados visitaban a los miembros de la banda en prisión y aprovechaban estos encuentros para "alimentarlos políticamente", trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información.

De esta forma, los ahora detenidos llegaron a mantener anualmente contactos con la mayoría de los miembros de ETA en prisión. Realizaron visitas a más del 95 por ciento de los centros penitenciarios en los que hay internos de la banda. En unos casos contactaron directamente con los presos y en otros lo hicieron a través de los denominados "responsables de cárceles", es decir, aquellos presos de ETA designados por la organización terrorista para ejercer el control y dirección de los reclusos en cada prisión.

En definitiva, la Guardia Civil considera que el "colectivo de abogados" es un elemento fundamental para la transmisión de información entre ETA y sus militantes en prisión. Por ello, constituye un baluarte para garantizar la cohesión y el mantenimiento de la disciplina interna del EPPK. En este sentido, cabe destacar que estas funciones están exclusivamente dirigidas a los  presos de ETA y a los de las organizaciones de apoyo que se mantienen bajo la disciplina de la organización terrorista y pertenecen al EPPK.

La Operación Mate complementa las realizadas por la Guardia Civil en septiembre de 2013 y enero de 2014 contra otras estructuras del Frente de Cárceles de ETA, Herrira y el KT-KoordinazioaTaldea. A esto habría que sumarle la primera gran operación de los últimos años contra los abogados desplegada en abril de 2010.