Lo suele decir Rajoy: el principal problema en su primera legislatura fue la economía, tratar de aliviar la crisis y crear empleo; en este segundo mandato, su prioridad es neutralizar las maniobras de los independentistas catalanes para escindirse de España.

Ha encargado a Soraya Sáenz de Santamaría que asuma esa responsabilidad, liberándola de la portavocía del Gobierno, pero el propio Rajoy realiza gestiones con personalidades catalanas para escuchar distintos puntos de vista, al margen de lo que transmiten los independentistas, que aseguran que el 80% de los catalanes quieren un referéndum y la inmensa mayoría están a favor de la secesión. Lo primero puede ser cierto, pero gran parte de ellos advierten que sólo si es legal; en cuanto a lo otro, no indican eso los sondeos. Ni siquiera los que maneja el PDeCAT, la antigua CDC, ni tampoco los de Esquerra Republicana.

Catalá y Zoido conocen del derecho y del revés el artículo 155 de la Constitución

ERC. Ésas son las siglas clave. Con un nombre como protagonista, Oriol Junqueras, su líder y vicepresidente del Govern en virtud del pacto por el que se creó JxSí. En contra de lo que preveía Artur Mas cuando renunció al mando de la Generalitat por imposición de la CUP y en contra de la idea del ex president de colocar en el Palau a Puigdemont para capitanear el procés, éste ha demostrado ser un presidente pusilánime en todo excepto en reivindicar la independencia; además, es un pésimo gestor, mal negociador y con pocas ganas de seguir peleando. Quiere volver a Gerona, recuperar la tranquilidad y disfrutar del estatus y del sueldo de ex president. Y, en esa situación, la figura de Junqueras se ha disparado y las encuestas lo colocan como el hombre con más opciones de ganar las elecciones y ser el próximo presidente.

la inhabilitación

Este escenario lo conocen perfectamente Rajoy y Sáenz de Santamaría, quien mantiene conversaciones con Junqueras que sacan de quicio a Mas y a Puigdemont, hasta el punto de que desde el entorno del ex president -con influencia absoluta sobre el actual- se ha esbozado una operación de neutralización que consistiría en encargar a Junqueras, como vicepresidente, la preparación del referéndum (ilegal). Así quedaría marcado por jueces y fiscales -como le pasó a Joana Ortega, la anterior vicepresidenta-, podría ser inhabilitado para ocupar un cargo público y se esfumaría la posibilidad de que fuera presidente de la Generalitat.

Junqueras, ante la irritación de Mas, apenas se moja pese a que defiende el independentismo. Sin embargo, lo que sí transmite a quien lo quiere oír -entre otros, a Sáenz de Santamaría- es que su diseño de futuro pasa por varias fases. La primera, rebajar la tensión entre Cataluña y el resto de España; segunda, reducir la que sufre la propia sociedad catalana; tercera, realizar una labor de Gobierno que permita recuperar el prestigio de la Generalitat entre los ciudadanos catalanes y, con los años, preparar la convocatoria de una consulta previamente pactada con el Ejecutivo para que sea legal, en la que ERC defendería la independencia. Esta actitud no coincide en nada con el procés que capitanean Puigdemont y Mas, asediados, agobiados, presionados y empujados por una CUP sin cuyo apoyo no habría más remedio que convocar elecciones... y dar vía libre a que el PDeCAT se convierta en un partido poco más que testimonial.

Cuando todo eso se plantea ya como el escenario posible, la Guardia Civil ha intervenido varios centros oficiales y empresariales en su tarea de investigar la llamada trama del 3%, de la que se habla desde hace años, que mencionó Maragall en una polémica aloución parlamentaria, y que es el baldón que arrastran Pujol y su equipo, del que formaba parte importante Mas.

Personalidades cercanas a éste han sido detenidas y tanto a Mas como a Puigdemont les ha faltado tiempo para declarar que eran víctimas de una operación del Gobierno. Como si no supieran que cuando la Guardia Civil ejerce como Policía Judicial lo hace a instancias de un juez, en este caso el titular del Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que difícilmente se dejaría instrumentalizar por el Ejecutivo de Rajoy.

la irrupción de pujol

Un Gobierno que tiene preparada la respuesta que dará a la Generalitat si insiste en saltarse la legalidad. Mientras Sáenz de Santamaría mantiene abiertas las puertas de diálogo para intentar que no haya consulta, los ministros del Interior y de Justicia han estudiado a fondo la situación para ver qué vías legales se pueden aplicar contra los insumisos.

Catalá cuenta con todo el equipo del Ministerio de Justicia; Zoido era un juez de prestigio en Sevilla antes de dar el salto a la política. Los dos saben del derecho y del revés el contenido del artículo 155 de la Constitución para aplicar en el caso de que un Gobierno autonómico no cumpla con la legalidad, igual que conocen sus consecuencias, la Ley de Seguridad Nacional y han estudiado a fondo lo ocurrido con la consulta ilegal celebrada hace dos años y los errores cometidos... que están decididos a que no se repitan. Entren las posibles respuestas se incluye la asunción por parte del Gobierno de competencias de la Generalitat, lo que pueden hacer legalmente en virtud de ese artículo y también de la Ley de Seguridad Nacional.

En plena campaña de victimismo, se suceden acontecimientos que no dejan en buen lugar a los independentistas y a la Generalitat: se conoce el contenido de varias conferencias del juez Santiago Vidal, senador de ERC, con datos sobre cómo el Gobierno autonómico ha tomado iniciativas ilegales para asegurarse el camino hacia la independencia; Junqueras lo obligó a renunciar a su escaño, aunque se presentó como una decisión voluntaria. Segundo, hay una enorme incomodidad social cuando Mas, que debe declarar ante el juez mañana, promueve que los funcionarios no vayan a trabajar para apoyarlo en el juzgado. Tercero, la mencionada intervención de la Guardia Civil en su investigación sobre la trama del 3%, y, cuarta, una irrupción en ese complicado del ex president Pujol.

Jordi Pujol vuelve a estar en el ojo del huracán por una información publicada en La Vanguardia, al que no se puede acusar de hacer seguidismo con el Gobierno de Rajoy, ya que durante años fue incondicional de Pujol y, al inicio de la dinámica independentista, se apuntó al derecho a decidir e hizo la ola a esas iniciativas.

El diario publica la transcripción -con sonido incluido- de una reunión mantenida por el ex presidente con un grupo de jóvenes, a los que cuenta que había pactado con Mas que él se llevara "toda la mierda" de la corrupción y renunciara a sus privilegios de ex president para salvar al partido, Convergència. Y que le dijo "no renunciéis a mi obra".

Da a entender que no le gustó la idea de que se reformara el partido, cree que Junqueras puede ser el próximo presidente de la Generalitat, y que Ada Colau no es probable que lo sea, pero no imposible. Y advierte que Mas está "tocado" y, si es inhabilitado, quedaría kaput. Esas declaraciones llegan en el peor momento. Cuando Puigdemont, Mas y los independentistas se están jugando toda su estrategia. En noviembre de 2015 organizaron una consulta, ilegal y con urnas de cartón. Ahora se encuentran con un Rajoy que ni se plantea permitir no ya un referéndum, sino un simulacro de aquel momento de triste recuerdo.