Anticorrupción pide 46 años a los 11 acusados del caso 'Casa del Rocío'

Las malas noticias judiciales contra el ex alcalde Pedro Pacheco parecen no tener fin. La Fiscalía Anticorrupción pide contra el andalucista una pena de seis años de prisión por el 'caso Casa del Rocío', en el que se le acusa de intentar pagar con dinero público las obras de la casa de esta hermandad en la aldea almonteña. Ya está formalmente acusado de presuntos delitos de prevaricación, otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular (emisión de visados), otro idéntico pero cometido por autoridad en el ejercicio de sus funciones (expedientes de obras menores), delito continuado de falsedad en documento mercantil (facturas) y delito de fraude en la Administración, todos ellos en concurso medial (es decir delito previo necesario para la presunta comisión de todos los demás) con el delito de malversación en tentativa (artículo 77 del Código Penal). Al "ser mas beneficioso para el acusado como pena única el delito continuado de falsedad en documento oficial, por ser más grave, se pide la pena de prisión de 6 años". A esos seis años se le une una multa de 24 meses con una cuota diaria de 8 euros (5.760 euros) e "inhabilitación especial para el empleo o cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otra de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal por un periodo de 6 años".

Junto a Pedro Pacheco, el fiscal anticorrupción, Manuel Luis Arjona, acusa a otras diez personas. Se trata del ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, Francisco Gómez Rodríguez, contra quien se piden 18 meses de prisión por un presunto delito de fraude en la Administración en concurso medial con el delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa; el arquitecto municipal José Manuel Muñoz Alcántara, a quien también por un presunto delito de fraude en la Administración en concurso medial con el delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa se le solicitan dos años de prisión e inhabilitación absoluta por 3 años y 6 meses; el administrador de Jerecom, José Grimaldi Corral, acusado de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil, delito de fraude en la Administración, todos ellos en concurso medial con el delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa, por los que se le piden 18 meses de prisión y multa de 8 meses con una cuota diaria de 8 euros. Cabe destacar que a Grimaldi se le aplica la atenuante "muy cualificada de confesión". A esta solicitud fiscal se une otra contra esta misma persona por el presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con el delito de tentativa de estafa, que le supone otra petición de pena de prisión de 18 meses y otra multa de 8 meses con una cuota diaria de 8 euros (1.920 euros).

También figuran como acusados el familiar del anterior Fidel López Grimaldi, que debe afrontar una solicitud de dos años y seis meses por delito continuado de falsedad en documento mercantil y una multa de 8 meses a 8 euros/día.

Miguel Ángel Bernal Soto, director del Área de Recursos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), afronta 2 años y 10 meses de prisión por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil y fraude en la Administración en concurso medial con el delito de malversación de caudales públicos y multa de 22 meses con una cuota diaria de 8 euros (5.280 euros); Jesús Bellido Pérez y Ramón Rosa García (directores de los Planes Especiales Norte y Sur) están acusados de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público penados con 5 años y 5 meses, multa de 20 meses con una cuota diaria de 8 euros e inhabilitación especial para el empleo público por 5 años; el ex concejal Antonio Sánchez Román, a quien por el presunto delito continuado de falsedad en documento oficial se le solicitan 5 años y 7 meses, multa de 21 meses con una cuota diaria de 8 euros e inhabilitación especial para cargo público durante 5 años y 2 meses.

La amplia lista se cierra con dos de los que fueron los hombres fuertes de la GMU en tiempos de Pedro Pacheco. A Luis Cruz y a José Agüera, por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario (en este caso por los expedientes de las obras menores) se les piden 5 años y 10 meses, multa de 23 meses con una cuota diaria de 8 euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por el periodo de 5 años y 10 meses.