Al final, todos contentos. Propietarios de los pisos de Parque Sur y defensas de los siete trabajadores de la promotora Urbe 2000 acusados de los presuntos delitos de estafa continuada, alteración de los precios oficiales de los inmuebles y coacciones, llegaron ayer a un acuerdo que, por un lado absuelve a los imputados y, por otro, permite a los vecinos recuperar su dinero.

Como se recordará, una docena de propietarios había denunciado a varios trabajadores de la mencionada promotora por exigirles, una vez compradas sus viviendas, cantidades de dinero en negro (cuya suma total alcanzaba los 50.000 euros) para que pudieran disfrutar de zonas comunes en sus casas de VPO. Como es sabido, el precio de las viviendas de Protección Oficial está fijado por las administraciones autonómicas, con lo cual no puede ser alterado.

Hay que reseñar que mientras que las acusaciones particulares pedían condenas que en algunos casos alcanzaban los 10 años de prisión, la Fiscalía no había solicitado pena alguna para los acusados ya que argumentaba que los propietarios ya habían sido informados de esta práctica fraudulenta antes de la firma de sus contratos, con lo cual consideraba que no existía delito. Por otra parte, la Junta de Andalucía también se había adherido a las acusaciones particulares ya que defendía que los fondos públicos, destinados para que las familias con menos ingresos puedan tener una vivienda, no cumplieron con su finalidad al tener los compradores que desembolsar un dinero extraordinario.

Así, ayer, tras dos horas de negociación entre las acusaciones particulares y las defensas, se llegó a un acuerdo que propició en un 'mini' acto judicial a posteriori que la magistrada titular de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, Lourdes Marín, decretara el sobreseimiento de la causa, toda vez que se retiraron las acusaciones que pesaban sobre los imputados.

A la finalización de este juicio, que duró poco más de cinco minutos, los letrados de las defensas y de las acusaciones mostraban su satisfacción por cómo se había desarrollado todo. Así, Manuel Hortas, abogado defensor de tres de los imputados, señaló que sus clientes "lo que querían era que se resolviera esto y que se les absolviera, como así ha sido". Por su parte, Eduardo Herrero Cosano, letrado de varios denunciantes, también señaló que sus clientes estaban "muy satisfechos porque finalmente han recuperado su dinero".

Las cantidades que demandaban los afectados iban desde los 2.000 hasta los 18.000 euros, sumando en total unos 50.000. Como curiosidad, la entrega de estas cantidades se realizó en efectivo en sobres cerrados y en la misma sede de la Audiencia.