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Dos años acaban de cumplirse desde que la autoridad judicial ordenara el ingreso en prisión del falso agente de seguros Carlos Bellido que estafó, presuntamente, a decenas de vecinos de Jerez y Rota (varios de ellos miembros de la Guardia Civil) que confiaron sus ahorros en él y en la compañía de seguros que decía representar. Precisamente el 23 de septiembre de 2009 la juez instructora de las diligencias previas en Jerez ordenaba el ingreso en prisión sin fianza del sujeto. Antes había comparecido ante un juzgado de Rota, donde se presentaron las primeras denuncias contra él al no responder a su clientela o bien haciéndolo con evasivas.
Pero (según han señalado varias fuentes a este medio) el abogado del acusado intentó recientemente que la Audiencia Provincial lo dejara en libertad provisional en espera de la celebración de la vista oral al estar a punto de cumplirse el plazo de dos años de prisión preventiva, pero el recurso fue denegado, ampliándose el plazo de prisión en otros dos años "ante el riesgo de fuga y la elevada cuantía del dinero supuestamente estafado".
La instrucción judicial del procedimiento abreviado que se incoó por la causa ya está finalizada. Sin embargo, la presentación de diferentes recursos ha demorado que la causa haya sido trasladada a la Fiscalía para la oportuna calificación de estos hechos posiblemente constitutivos de un delito de estafa.
No obstante, los perjudicados, que todavía no han visto a lo largo de los dos últimos años un céntimo del dinero que confiaron en el exagente de seguros , esperan que la vista oral se celebre durante los primeros meses de 2012 al estar finaliza la fase de instrucción. Distintos afectados mantienen que Bellido, que fue despedido de su último trabajo como comercial de una empresa del sector de recambios de automóvil donde llegó, supuestamente, a hacer los últimos contratos, pudo defraudar un montante calculado entre los tres y cuatro millones de euros, cantidades que colocan al 'caso Bellido' como uno de los más importantes de la historia de Jerez durante los últimos años.
Los perjudicados, que le entregaron cantidades que oscilaban desde los 3.000 euros (como punto de partida) hasta los 90.000, suscribían pólizas de crédito con rentabilidades de un 5,25% (con rendimientos sujetos a ser declarados a la Agencia Tributaria), no muy diferentes a las que cualquiera entidad bancaria ofrecía hace años por un depósito.
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