Al igual que hicieran días atrás los sindicatos, el Ayuntamiento también recurrirá la sentencia que declaró no ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 260 trabajadores. Ayer, comunicó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su intención de acudir en casación al Supremo ya que no está conforme con algunos aspectos del fallo.

En un comunicado, el gobierno local explicó que sustentará el recurso en su convencimiento de que no hubo "arbitrariedad" en la designación de los empleados afectados por el ERE, tal y como recoge la sentencia del Alto Tribunal andaluz, ya que asegura que hubo informes técnicos para justificar las designaciones.

No obstante, este recurso va en paralelo a la aclaración de la sentencia que ha solicitado para concretar si tiene que indemnizar a todos los despedidos con 45 días por año trabajado o solo a aquellos que fueron despedidos por la valoración de su labor. En esta semana, concluía el plazo que tenían las partes (el Ayuntamiento y los sindicatos CGT, UGT, CC.OO, ATM y CTP) para comunicar su intención de acudir al Supremo y, para ello, los recurrentes han tenido que abonar unos 600 euros cada uno en concepto de depósito.

Pero, además, el gobierno local comunicó ayer al tribunal su intención de no readmitir a los trabajadores despedidos confirmando lo que ya avanzó pocas horas después de conocerse el fallo ya que insiste en la necesidad de reducir gastos de personal en el Consistorio. En este sentido, señaló que la readmisión supone "un coste elevadísimo para el Ayuntamiento al sumar los sueldo de los afectados 11 millones de euros cada año" y que, junto con el despido colectivo, se han tomado "otras medidas que han permitido reducir el coste en materia de personal que ha pasado de los 82 millones de euros de 2012 a los 67 millones de euros de 2013".

En el comunicado, el gobierno local indicó al respecto: "Además de anunciar su intención de recurrir la sentencia, el Ayuntamiento ha presentado otro escrito en el que manifiesta su decisión de optar por la indemnización a los trabajadores de la cantidad procedente y, por tanto, por la extinción definitiva de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el despido colectivo". Esto quiere decir que, por el momento, el Ayuntamiento no abonará los 45 días por año ya que, además del recurso (el Ayuntamiento no está obligado a consignar la cuantía hasta que se resuelva), está a expensas de conocer la aclaración de la sentencia. Cuando se entregaron las cartas de despido, el Ayuntamiento pagó en concepto de indemnización unos 5,3 millones de euros. Ahora, con la sentencia del TSJA, que incrementa notablemente la cuantía, la cantidad pasaría a 12 millones por lo que el Consistorio debería transferir a los despedidos unos 6,7 millones de euros.

Finalmente, el gobierno local reiteró que ejecutar los despidos resulta económicamente más viable que la readmisión si se quieren reducir los gastos de personal. "El coste de la indemnización, en el peor de los escenarios, se amortizaría en un año ya que aún está pendiente de aclaración si el fallo de la sentencia se refiere a los 260 empleados afectados por el ERE o quedan exentas las personas mayores de 59 años", dijo. Por ello, señaló que "el ERE sigue su curso ya que es una medida absolutamente necesaria que se enmarca en un plan de ajuste que debe cumplirse para resolver la situación económica del Consistorio".