Vecinos de La Canaleja explicaron este viernes que se han dirigido a la Fiscalía de Cádiz para denunciar la situación que padecen en la zona a causa de un criadero de pollos. En concreto, según explican los afectados, "ante la falta de respuesta de las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento a un problema de ruidos que viene siendo denunciado desde abril de 2011, los vecinos de La Canaleja número 17 decidieron, en una reciente reunión de la comunidad de propietarios, dirigirse a la Fiscalía para que investigue la situación y determine si existe algún tipo de responsabilidad penal o civil, por la falta de actuación del Ayuntamiento para solucionar el problema que vienen padeciendo y que a pesar de las muchas promesas sigue todavía sin solucionarse".

Tras esta denuncia, desde el Ayuntamiento aclararon ayer que "en ningún momento se han desatendido las quejas presentadas por los vecinos de La Canaleja sobre las graves molestias ocasionadas por un criadero avícola cercano a sus residencias" y puntualizaron, además, que "en la actualidad se está trabajando para dar una solución a este caso".

Así las cosas, el gobierno local explica mediante un comunicado que, tras la denuncia de los vecinos, y una vez hecha la inspección, "los propietarios de la granja solicitaron una autorización para la tenencia de animales. Desde el Ayuntamiento se tramitó la solicitud de licencia de apertura y se denegó, decretándose la orden de clausura". Ante eso, según la versión municipal, los propietarios "recurrieron tanto la denegación de la licencia como la orden de clausura, alegando que la granja no es una explotación económica vinculada a animales". Desde el Ayuntamiento "se estimaron estos recursos al no haberse podido demostrar que se trataba de una explotación económica tal y como sostenían los vecinos".

No obstante, esta situación "no ha significado que el Ayuntamiento haya dado por archivado este asunto, trabajando tanto por la vía urbanística como por la vía medioambiental, lo que puede dar lugar a fuertes sanciones e incluso a la clausura de la actividad".

Por tanto, el gobierno local insiste en que "no se ha quedado de brazos cruzados ante estas denuncias, ya que mantiene abierta la vía urbanística y ahora se está trabajando en la vía medioambiental. Es decir, que está tomando todas las medidas que le corresponden para poder dar una respuesta a las quejas vecinales y solucionar el problema provocado por estas instalaciones".