Doce entidades sociales que trabajan con familias desfavorecidas y el Ayuntamiento firmarán un convenio para la puesta en marcha de un sistema de información y coordinación en red en materia de ayudas sociales, una especie de base de datos a la que tengan acceso dichas entidades con el fin de evitar la duplicidad y el uso indiscriminado de los recursos. La alcaldesa hizo ayer hincapié en el incremento de la demanda de ayuda social que se ha producido tanto a las diferentes instituciones como a las entidades sociales de carácter voluntario y altruista. De hecho, según Pelayo, los servicios municipales incrementaron un 48% las ayudas económicas a familias de Jerez en el periodo comprendido entre enero de 2011 a diciembre del mismo año y se ha pasado de atender a 600 familias a 891 a finales de año. Además, actualmente se encuentran en periodo de valoración para ver si cumplen los requisitos otras 897 familias que han pedido ayudas.

La base de datos, con información actualizada permanente, relativa a prestaciones, recursos y personas solicitantes o destinatarios de programas de ayuda, permitirá a todas los entidades que suscriban el convenio realizar un mayor control de las ayudas y supondrá también una mayor eficiencia en la asignación de los recursos disponibles sean municipales o de las entidades sociales.

La alcaldesa insistió en que se garantizará la protección de datos conforme a las leyes vigentes, y para ello se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias.

El convenio cuenta con la adhesión de Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos de Jerez, Voluntariado Libre, Orden San Juan Grande, comedor El Salvador, Solidaridad Jerezana (SOJE), Tharsis Betel, Centro Cristiano Nuevo Caminar, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Sol Rural, Hogar San Juan y Banco de Alimentos de Cádiz.

El seguimiento de la ejecución del convenio así como de las variaciones y necesidades que se constaten se llevará a cabo a través de una comisión de seguimiento formada por dos representantes municipales nombrados por la delegación de Bienestar Social y un representante por cada institución firmante. Esta comisión se reunirá al menos una vez al trimestre.

El convenio tiene una vigencia de un año desde la firma del mismo y se prorrogará automáticamente durante el mismo periodo.