La deuda del Ayuntamiento jerezano con sus proveedores ascendía a 55,6 millones de euros a noviembre del año pasado, según el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda. Hace un año, en cambio, el importe total de los pagos pendientes era inferior en 13,8 millones. Mientras, la cuantía de los débitos pendientes de reconocer —las llamadas ‘facturas en el cajón’— alcanzó los 51,9 millones al cierre del tercer trimestre del pasado año, 17,2 millones menos que en el ejercicio precedente.

Desde el pasado mes de febrero, el Consistorio no solo no ha logrado bajar del umbral de los 50 millones de euros en impagos de facturas reconocidas sino que también se ha incrementado el tiempo medio de abono de estas obligaciones. Así, en el mes de noviembre, el periodo medio de pago (PMP) se situó en los 409 días (algo más de 13 meses), un tiempo solo superado por el Ayuntamiento de Jaén, que tarda más de un año y medio en liquidar estos débitos.

Con estas cifras, el Ayuntamiento jerezano continúa entre las entidades locales que arrastran un mayor importe adeudado a las empresas que le prestan servicios, una situación que entidades como la asociación de autónomos ATA denuncia con asiduidad. Únicamente le superan los consistorios de Madrid (con un pasivo de más de 200 millones de euros con sus proveedores), Jaén (más de 78 millones) y Granada (73,1 millones).

En cuanto a las facturas en el cajón —las llamadas Opas (Operaciones Pendientes de Aplicar al presupuesto— el Ayuntamiento logró rebajar notablemente el importe respecto al mismo trimestre de 2018. Sin embargo, la reducción se produjo a finales del año pasado, donde se pasaron de los 69,1 a 50,7 millones pendientes.

Evolución de la deuda municipal con los proveedores

Durante el pasado 2019, y a falta de que el Ministerio de Hacienda dé a conocer la cuantía del último trimestre del ejercicio, el importe total de las facturas en el cajón se ha mantenido en el entorno de los 50 millones. Con datos hasta julio, el Estado es el principal acreedor del Ayuntamiento en esta categoría de pagos pendientes de reconocer —fundamentalmente, obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria—.

El gobierno local ha alegado en ocasiones precedentes que la magnitud del periodo medio de pago no es la “real” sino que es menor ya que asegura que existen facturas “históricas” que la penalizan.