La Fiscalía solicita a Ruiz-Mateos 7 años por delitos contra Hacienda

La Fiscalía solicita siete años de cárcel para José María Ruiz-Mateos, su hijo Alfonso y otros tres colaboradores por dos delitos contra la Hacienda Pública presuntamente perpetrados en la venta de la finca 'Los Villares, propiedad entonces del Complejo Bodeguero Bellavista. Igualmente, solicita tres años y medio de cárcel para un cuarto colaborador de los conocidos hombres de negocios. En dicha causa se presenta como acusación popular la Abogacía del Estado en representación de Agencia Tributaria (AEAT). Dicha solicitud de condena se divide de la siguiente forma: tres años y seis meses de prisión por irregularidades en el impuesto de sociedades y otros tres años y medio por el IVA de la referida operación.

Según se sostiene desde el Ministerio Público, "los acusados José María Ruiz-Mateos, Alfonso Ruiz-Mateos y Manuel C. R. convinieron en vender la finca 'Los Villares', cuyo titular era la empresa Complejo Bodeguero Bellavista, administrada formalmente por Carmen R. L. pero administrada de hecho por los anteriores acusados". Fueron ellos quienes convinieron en vender dicha finca a la sociedad Inverhaus XXI, "pero con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública simulan una operación intermedia consistente en aparentar una primera compraventa a una sociedad independiente aunque realmente controlada por ellos", se apunta desde la acusación particular.

Para hacerlo, Manuel C. R. contacta con otro acusado, Isaac D. A., para que compre la sociedad limitada Invergestión La Sierra. Días después Isaac D. A. compra al Complejo Bodeguero Bellavista la referida finca 'Los Villares' por 1.231.300 euros. Corría el 30 de mayo de 2006.

Mes y medio más tarde, el 12 de julio, Isaac D. A. vende sus participaciones de Invergestión La Sierra a Rufino M. M. Ese mismo día renuncia y nombra a Enrique R. E. (ya fallecido) como administrador único. A la acusación particular le llama la atención el hecho de que este hombre "sorprendentemente había sido administrador único de Bellavista". Apenas un día después, el 13 de julio, Invergestión La Sierra vende la finca 'Los Villares' a Inverhaus XXI por 4.531.630 euros (el IVA, incluido, ascendió a 625.052 euros). La operación de venta había concluido.

La otra venta investigada, y que llevará a los Ruiz-Mateos ante un juez de lo Penal, es la de la finca 'Pago de Raboatún'. Según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, el 30 de mayo de 2006, los administradores de derecho y de hecho (los Ruiz-Mateos) del Complejo Bodeguero Bellavista venden la referida finca a Invergestión La Sierra por 662.500 euros. Dos meses después, el 8 de agosto, una empresa "íntimamente ligada al Grupo Nueva Rumasa" llamada 'Resplandescencia SL' acuerda un aumento de capital por dicho importe, ese decir, 662.500 euros, creando un número igual de participaciones, las cuales suscribe en su totalidad Invergestión La Sierra aportando como pago la finca 'Pago de Raboatún'.

Casi tres años más tarde, el 5 de marzo de 2009, así se sostiene desde la Agencia Tributaria, la sociedad 'Resplandescencia SL', constituye una hipoteca unilateral en favor de la Agencia Tributaria por importe de 5.720.000 euros a fin de garantizar las deudas de la sociedad Complejo Bodeguero Bellavista. La inspección de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) detectó una presunta defraudación. Según la Fiscalía, la defraudación tributaria por estas operaciones en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 por parte de Bellavista es de 936.347,30 euros, así como del IVA de dicho ejercicio "en el que obtuvo un ahorro fiscal por importe de 625.052,48 euros".

Fiscalía y Abogacía del Estado coinciden en que los hechos narrados constituyen sendos delitos contra la Hacienda Pública, que los presuntos autores fueron José María Ruiz-Mateos, su hijo Alfonso, Manuel C. R. y Carmen R. L.. Los otros dos acusados, Isaac D. A. y Rufino M.M. Son considerados cooperadores necesarios.

En lo que se refiere a la responsabilidad civil, la Abogacía del Estado como acusación particular pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 3,10 millones de euros (de los que 2,47 se corresponden al Impuesto de Sociedades y 625.052,48 euros al IVA). Por su parte, la Fiscalía solicita para cinco de los acusados penas que suman siete años de prisión así como el abono de un multa de 1.872.000 euros por el Impuesto de Sociedades y 1.200.000 euros por el IVA distraído en las referidas operaciones. A ella se une, como responsabilidad civil, la solicitud de pago de todos los acusados de una indemnización a la Hacienda Pública en la suma de 936.347 euros por el Impuesto de Sociedades de 2006 y de 625.052 euros por el IVA, que deberán pagar todos ellos a excepción de Rufino M.M.