El gobierno local le ha propuesto al Ministerio de Hacienda que obligue por ley a que ayuntamientos como el de Jerez apliquen subidas del IPC en sus impuestos y tasas cada año. La petición fue remitida a finales del pasado mes por parte de la alcaldesa, Mamen Sánchez, a la secretaria de Financiación Autonómica y Local del Ministerio, Inés Olóndriz de Moragas, en una carta donde se abordaba la situación del presupuesto municipal de este año, que fue aprobado la semana pasada por el pleno.

Asimismo, la regidora plantea que se destituya de manera automática a los concejales que voten en contra de la aplicación de estos incrementos cuando sean por “imperativo legal”. Así, plantea que no puedan ejercer cargo público entre cinco y 10 años, además de indemnizar a la entidad local por “daños y perjuicios”.

En la misiva se reconoce que esta petición viene motivada en buena medida porque el gobierno municipal no ha logrado sacar adelante en los últimos años la modificación de las tarifas del agua, a pesar de que en el contrato por el que Aquajerez presta este servicio se recoge que cada año deben aplicarse el IPC a las tasas de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El ejecutivo alega ante Hacienda que “desde 2009” ningún gobierno en Jerez ha podido "actualizar" los ingresos tributarios y los precios públicos, en muchos casos por no contar “con la mayoría de los miembros de la corporación” cuando, por el contrario, sí se le ha aplicado este índice a “los servicios contratados”. Por ello, le demanda que modifique dos leyes para que consistorios como el de Jerez, que han tenido que recurrir a las líneas de crédito del Ministerio como salvavidas (el llamado fondo de ordenación que ha servido para pagar facturas, sentencias judiciales o devolver anticipos del Estado, entre otros), puedan realizar estos incrementos fiscales sin tener que garantizarse previamente la mayoría necesaria en el pleno.

No en vano, la subida del IPC de tributos es una de las medidas incluidas dentro del su plan de ajuste que el Ayuntamiento de Jerez lleva incumpliendo de manera sistemática desde hace años. La última subida fiscal se produjo en 2017 cuando se incrementaron los coeficientes que sirven para el cálculo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En cuanto a la tasa del agua, a esta no se le aplica el IPC desde 2016, de ahí que el gobierno advierta de que, desde entonces, se está indemnizando a la prestataria del servicio con unos dos millones de euros anuales. La última vez que lo intentó el gobierno fue a finales de 2018, sin obtener los votos necesarios.

Pero en la petición remitida al Ministerio de Hacienda, la alcaldesa va más allá y demanda que los miembros de la corporación que lo incumplan o voten en contra no solo sean apartados de la actividad pública, sino que indemnicen al Ayuntamiento por el perjuicio económico ocasionado. De hecho, en 2017 el ejecutivo amenazó a la oposición con exigirles daños patrimoniales por su voto en contra de la subida del agua. Aquella advertencia se quedó en eso y ahora se demanda que esa posibilidad tenga alguna base legal.

En la misiva, también se vuelven a pedir otras medidas de apoyo a los ayuntamientos ya reclamadas desde hace años, entre ellas la de poder liquidar la deuda que arrastra el Ayuntamiento con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria con un préstamo, una posibilidad que ha sido aceptada por Hacienda, pero que requiere del visto bueno del Congreso de los Diputados.

El plan 'b', una modificación de la ordenanza

Mientras se espera una reforma normativa, el gobierno local ha buscado una alternativa para tratar de garantizarse la subida del agua con la aplicación del IPC de los últimos años que, por el momento, no ha obtenido el respaldo del pleno.  

Este miércoles concluyó el plazo de una consulta pública para reformar la ordenanza fiscal que fija la tasa de abastecimiento, saneamiento y depuración de la ciudad. Aprovechando que hay que modificar la normativa municipal para adaptarla a unas nuevas directrices europeas, se pretende hacer un texto nuevo donde se reconoce que se quiere crear “el cauce jurídico necesario para preservar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración”. Por lo tanto, lo que se pretende es adecuar las tarifas aplicándoles el IPC acumulado desde 2016 “ya que es exigencia contractual”, tal y como reza en el texto de la consulta pública realizada.  

No es la única modificación que se pretende hacer ya que también se tiene que incluir el “ajuste” de la cuota del trasvase Guadiaro-Majaceite que se aplica en las facturas a los importes aprobados a finales de pasado año por la Junta así como a la tasa que fija el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.