El gobierno local tendrá que buscar dinero debajo de las piedras para hacer frente a la compensación prevista en el contrato con Aqualia, cifrada en 2,2 millones de euros, tras el rechazo hoy del pleno municipal a la subida del recibo del agua para 2019. El ejecutivo socialista se quedó solo en el segundo intento –en el anterior pleno de noviembre retiró la propuesta ante la falta de apoyo– de sacar adelante la modificación de la ordenanza reguladora del abastecimiento de agua en baja y la del servicio de alcantarillado y depuración, en las que se contempla la actualización al IPC con una subida prevista del 2,3%, que los grupos políticos rechazaron con el voto en contra de Ganemos e IU –sus socios de investidura–, así como Ciudadanos, y la abstención del PP. Todos los grupos votaron no obstante en contra de la subida de la tasa del abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, incluida en el recibo del agua.

Santiago Galván califica el rechazo a la subida por segundo año de "desastre total" para el Ayuntamiento

Al término de la sesión plenaria, el teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván, calificó la decisión del pleno de “desastre total” para el Ayuntamiento, toda vez que recordó que la modificación de las ordenanzas es una obligación contractual contraída por el Ayuntamiento tras la privatización del servicio por parte del anterior gobierno local en 2012 y recogida en los pliegos de condiciones de la venta del agua.El responsable municipal de Economía explicó que “este año ya hemos tenido que indemnizar a la concesionaria, y queremos evitar que esto ocurra”, al tiempo que recordó que el acumulado de lo que debe abonar el Ayuntamiento a Aquajerez supera ya los tres millones de euros, de los que 2,3 millones corresponden a la compensación, a los que se suman otros 700.000 por no haber subido el recibo para el año que viene. En este sentido, Galván anunció a este medio que estudiarán desviar responsabilidades patrimoniales a los miembros de la Corporación tras el incumplimiento de la obligación contractual “heredada del PP”.

El voto en contra de los grupos de IU, Ganemos y Cs, junto con la abstención del PP, tumban la subida del recibo del agua en 2019

Pero ni Galván, quien cuestionó la catadura política del PP y de la ex alcaldesa María José García Pelayo, que “firmó la concesión y dilapidó ochenta millones de euros, pero hoy no está en el pleno”, ni el informe elaborado por el interventor municipal, Juan Raya, quien tras apelar a “mi lealtad al pleno”, alertó antes de la votación de las consecuencias legales y económicas para las arcas municipales que pueden derivarse en caso de no aprobarse la subida, persuadieron a los socios de investidura del PSOE y grupos de la oposición, que expresaron sus reticencias por muy diversos motivos.

No, no y no fue la sentencia de IU, Cs y Ganemos a los tres apartados en los que se dividió la votación, rechazo que justificaron en la falta de claridad de los informes económicos y al aumento de beneficios de Aquajerez en los últimos ejercicios, entre otros motivos, mientras que el PP esgrimió su desacuerdo con las formas en las que el gobierno local plantea la actualización del IPC para el agua en baja y el alcantarillado. En cuanto a la subida de la tasa del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, todos los grupos manifestaron su rechazo por la disminución de las inversiones previstas por el ente responsable del abastecimiento del agua en alta en la ciudad y el aumento del gasto en personal, en este caso para “amigos del PSOE”, puntualizaron los grupos de la oposición.

El portavoz del PP, con el delegado de Economía al fondo, mira de reojo a un compañero de bancada.

Para el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, “el gobierno local mira hacia otro lado mientras la multinacional –en alusión a Aquajerez– hace lo que le da la gana” y aseguró que “los jerezanos están pagando una tasa de agua inflada”, con la que mostró su desacuerdo.

Carlos Pérez, de Ciudadanos, criticó la falta de un “plan b” por parte del gobierno para hacer frente a la compensación a Aqualia, al tiempo que recordó que la situación actual es la “hipoteca” que dejó el PP con la venta del agua.

Ganemos, por su parte, puso en duda que el contrato estipule la subida como una obligación, y animó al ejecutivo socialista a pelear las condiciones con la concesionaria ante la difícil situación de las arcas municipales.

En la sesión plenaria de ayer, en la que se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia machista de este año, se aprobó una proposición de Ciudadanos para instar al Consorcio de Bomberos a poner en marcha un retén en la zona rural con la correspondiente asignación de Recursos.

Los grupos municipales respaldaron igualmente por mayoría una proposición de IU para instar al Gobierno central a adoptar las medidas legislativas para que se apruebe una ley que reconozca el derecho de la persona a la autodeterminación, la libertad y la dignidad al final de su propia vida, e instar al Gobierno a impulsar las medidas oportunas para despenalizar la eutanasia o suicidio asistido.

La propuesta salió adelante con polémica por el rechazo del PP, que lamentó el apoyo del resto de los grupos municipales a la eutanasia. En un comunicado, el portavoz popular Antonio Saldaña manifestó el “apoyo de su partido a la vida” en contra de la postura “a favor de la muerte” del resto de formaciones representadas en la Corporación jerezana.