La deuda actual de la Junta con el Ayuntamiento en materia de servicios sociales supera los 2.780.500 euros, según denuncia la delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes, quien calificó como muy positiva la iniciativa del Gobierno de regular mediante decreto el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer público a partir del próximo mes de octubre el plazo medio de pago a sus proveedores. En base a ello, el Ministerio de Hacienda asumirá esos pagos si están por encima del periodo establecido, cantidades que descontará posteriormente a comunidades y ayuntamientos de su financiación. Según Paredes, esta medida "garantiza el mantenimiento de los servicios sociales frente a la política de declaración de intenciones e incumplimientos reiterados de los compromisos de pagos a la que nos somete la Junta".

La delegada recordó "la asfixia permanente" con la que se abordan las necesidades más básicas de los servicios sociales, citando como ejemplo la deuda acumulada en las cantidades relativas al salario social, los recortes en inmigración, que en siete años se han reducido más del 90%, los impagos en políticas de igualdad o el retraso permanente en los pagos al servicio de ayuda a domicilio, que este año acumula ya una deuda de siete meses "provocando un insostenible quebranto a las empresas dispensadoras del servicio".

Paredes calificó esta situación "como política de la dejadez" del PSOE respecto a las necesidades de la ciudad, exponiendo que la deuda pendiente se remonta al año 2013 y se mantiene en 2014. La delegada incidió en la deuda respecto al salario social y aseguró que aún no está resuelta la tercera comisión del año, frente a las 13 que ya habían tenido lugar el año pasado en estas fechas. Resaltó la gravedad de que se incumpla esta resolución "ya que se trata del único programa destinado a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población en riesgo".