Limones a precios escandalosos

El último Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD) publicado por Coag junto a las organizaciones de consumidores UCE y Ceaccu, correspondiente al mes de marzo, sigue evidenciando el abuso en los márgenes comerciales de los productos del campo.

En esta ocasión, el limón, uno de los productos que más diferencia de precio entre origen y destino ha presentado desde que se publicara el primer IPOD (julio de 2008), ha alcanzado cifras récord. En el mes de marzo el kilo de limones se pagó al agricultor a 0,05 euros, y se puso a la venta en destino a 1,43 euros, por lo que el precio se multiplicó 28,60 veces, situándose la diferencia en un 2.860 por ciento.

El cultivo del limonero de manera intensiva no es característico de la provincia, aunque sí es que se trata de un árbol habitual en huertos, patios y jardines particulares, utilizándose el producto para consumo propio. En la provincia sí destaca la existencia de este árbol de la familia de las Rutáceas en las calles de localidades como Castellar o en pedanías de Jerez como San Isidro del Guadalete o Estella del Marqués.

Además del limón, otro cítrico, la naranja, sigue destacando entre los productos con mayor diferencial de precios, así como hortalizas como las cebollas, el calabacín, el pepino o las alcachofas, que presentan márgenes superiores al 600%, mientras que en lo que se refiere a productos ganaderos, el precio en destino de la carne de cerdo multiplica por cinco el de origen.

Es evidente que los agricultores tienen graves problemas en la cadena de distribución agroalimentaria: la presión 'hacia abajo' de los precios en origen, el retraso abusivo de los pagos, importaciones cada vez en mayor volumen y con menor control, no remuneración de los costes de producción… Los consumidores, por su parte, están pagando precios excesivos por los productos agrarios.

Por todo ello, desde COAG se está exigiendo directamente, y a través de distintas iniciativas como la celebración del 'Mercado Transparente', un marco legislativo adecuado para hacer frente a la grave problemática de los precios en origen. El objetivo es hacer que el valor añadido de la producción agraria lo reciba el agricultor, por ello es necesario mejorar la transparencia del mercado y el establecimiento de relaciones equitativas entre productor, industria y distribución.

Algunas de estas medidas reclamadas por la organización agraria, que considera que la alimentación es, hoy en día, una cuestión de Estado, son: Una nueva Política Agraria Común, que apueste por el modelo social de agricultura, la soberanía alimentaria, la regulación de los mercados y consolide unos precios rentables en el campo; vigilancia especial de los mercados en origen y en destino por parte de las administraciones públicas; medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores y de los consumidores en la cadena comercial agroalimentaria; marco de comercialización agroalimentaria (Ley agroalimentaria); La Comisión Nacional de la Competencia debe intervenir ante prácticas comerciales fraudulentas evidentes y eliminar la especulación con absoluta firmeza; Desarrollar y aplicar el artículo 13.2 de la Ley de Comercio (Ley 7/1996) que prevé que "el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización (…) cuando se trate de productos de primera necesidad"; Garantizar la seguridad de los consumidores intensificando el control de las importaciones de productos agroalimentarios; e Implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino).