Jerez

Llevan a la Fiscalía a Medio Ambiente ante la falta de tratamiento del arbolado

  • Los residentes de una comunidad de Cádiz Salvatierra dicen que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a sus denuncias para que obligue a un bloque vecino a tratar fitosanitariamente unos pinos de su parcela

Ortofoto de la parcela con los pinos de la polémica. Ortofoto de la parcela con los pinos de la polémica.

Ortofoto de la parcela con los pinos de la polémica.

Una comunidad de vecinos de la calle Cádiz Salvatierra ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo contra técnicos y responsables del arbolado de la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, por considerar que pueden estar cometiendo un delito al no hacer cumplir las ordenanzas y obligar a los residentes de un bloque vecino al tratamiento fitosanitario de unos pinos que se encuentran en su parcela.

Los vecinos están representados por el abogado Javier Farfante, quien ayer explicó que se produce una omisión dolosa por parte de los técnicos y responsables de Medio Ambiente y de disciplina medioambiental por no ordenar el tratamiento de esos árboles, que tienen continuamente plagas de procesionaria. Los denunciantes afirman que la existencia de estas plagas les está originando importantes perjuicios relacionados con la salud, tales como reacciones alérgicas, urticaria con irritación de la piel e irritación de los ojos. En un informe técnico pericial que han aportado se recoge también que estas plagas pueden llegar a provocar problemas respiratorios.

Los vecinos denuncian problemas de salud motivados por las plagas de procesionaria

El caso es que lo que en principio era una cuestión de desavenencias entre residentes de bloques vecinos ha acabado, después de años de denuncias, en la Fiscalía. El abogado señaló que los denunciantes intentaron en un primer momento que la comunidad en cuya parcela están los pinos llevase a cabo el tratamiento de los mismos para acabar con las plagas, pero ésta no se ha hecho cargo argumentando la falta de fondos para asumir el coste. Ante esta situación en 2015 empezaron las denuncias al Ayuntamiento, poniéndole en conocimiento de lo que estaba ocurriendo para que hiciera cumplir las ordenanzas, primero con llamadas telefónicas, y después por escrito, con al menos cinco requerimientos de actuación. Según el abogado, en todo este tiempo ha habido "una permanente omisión" y no se ha iniciado ningún tipo de expediente. "La responsabilidad primera es de los propietarios de la parcela, pero luego está la del Ayuntamiento que es el competente para exigirles el tratamiento".

Junto a la denuncia ante la Fiscalía que, según admite Farfante podría no observar delito y conllevaría estudiar otro tipo de medidas, se ha presentado toda la documentación así como el informe técnico pericial.

Las Ordenanzas municipales de Zonas Verdes y Gestión y Protección del Arbolado establecen en uno de sus artículos que el mantenimiento de jardines, plantaciones y arbolado en parcelas o terrenos no urbanizados de propiedad privada, es competencia de sus propietarios y que estos espacios deben mantenerse en correcto estado de conservación y limpieza, realizando las actuaciones necesarias para evitar que se constituyan en focos de propagación de plantas invasoras, enfermedades o plagas, o núcleos propicios al desarrollo de incendios. En concreto, las ordenanzas recogen que se atenderá especialmente la limpieza y mantenimiento de las condiciones higiénicas, el control del estado fitosanitario de las plantaciones y poda y tratamiento del arbolado.

En caso de peligrosidad o manifiesto perjuicio para el interés público, a causa de una deficiente conservación de los espacios verdes privados y sus elementos vegetativos, las ordenanzas afirman que el Ayuntamiento, "previo informe de sus servicios técnicos, podrá exigir al propietario la ejecución de los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias detectadas".

A estos aspectos de la ordenanza hacen mención los vecinos denunciantes para criticar la continua omisión de sus funciones y obligaciones por parte de los técnicos. "La conducta prevaricadora por la omisión de instruir y ordenar el tratamiento fitosanitario dando cumplimiento así a la propia ordenanza municipal, se encuentra tipificada como actuación sujeta a responsabilidad penal, y supone una actuación participativa en grave daño a la salud y bienestar de los vecinos", asegura el abogado.

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