El gobierno local ha avanzado los resultados de la liquidación económica del Ayuntamiento del pasado año que arrojan el cumplimiento por primera vez de la regla de gasto, una magnitud que establece el tope de lo que pueden gastar las administraciones públicas.

Los resultados son provisionales aunque ya se han remitido al Ministerio de Hacienda para su ratificación. Eso sí, fueron mostrados por la alcaldesa, Mamen Sánchez, y por el delegado de Economía, Santiago Galván, calificándolos de “hito” pues también se ha cumplido con el objetivo de estabilidad (la magnitud que compara los ingresos y gastos no financieros) y se ha reducido el remanente negativo de tesorería. Por contra, un año más ha aumentado la deuda con los bancos. 

Ante estos resultados, la alcaldesa sentenció: “Tenemos una gran satisfacción por unos resultados que son mejores año a año”. “Hemos conseguido una serie de hitos que nos muestran de que el Ayuntamiento está en la senda de la recuperación”, añadió.

A falta de la liquidación definitiva, la regla de gasto se situó en el -1,01% cuando el máximo establecido por el Ministerio superaba los dos puntos porcentuales positivos. El delegado de Economía incidía en que este cumplimiento tiene una “enorme importancia” dado que refuerza la posición del Ayuntamiento frente al Ministerio de Hacienda, que pone especial énfasis en la obligación de cumplir con esta norma, a la hora de acordar las medidas de equilibrio de la hacienda local.

El Ayuntamiento también logró en 2018 cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, una magnitud contable que compara los ingresos con los gastos, arrojando un positivo de 10 millones de euros. Esto no quiere decir que esta cuantía sea un superávit real que tenga el Ayuntamiento pero sí marca que no gastó más de lo que ingresó. También se redujo el remanente negativo de tesorería -el importe que compara todo lo que debe el Ayuntamiento con todo lo que tiene derecho a cobrar – en unos 26 millones situándose en los 146 millones de euros. 

Ahora bien, este avance de la liquidación también mostró una conclusión ya prevista, el incremento de la deuda con los bancos. Este aumento seguirá en sucesivos años —el delegado lo ha apuntado que esto se prevé hasta, al menos, 2023 ampliándolo así en tres años a lo establecido en el plan de ajuste— pues el Ayuntamiento se seguirá acogiendo a líneas de crédito del Ministerio de Hacienda para afrontar amortizaciones e intereses de otros préstamos (refinanciación continua de la deuda, en definitiva). A final de 2018, el importe que el Ayuntamiento tiene que devolver a los bancos era de 745 millones, 12 millones más que al cierre del año anterior.

En 2017, el Ayuntamiento cumplió con el objetivo de estabilidad pero no así con la regla de gasto. Con 2018 será el cuarto año consecutivo en el que los ingresos no financieros (aquellos que no dependen de los bancos) han sido superiores a los gastos no financieros. 

Mejora de la recaudación de impuestos

Santiago Galván atribuyó las causas de estos resultados a dos factores: el aumento de los ingresos, especialmente de la recaudación, y una reducción de los gastos “superfluos” y sin recortar en los servicios públicos. Ahora bien, se mostró más prolífico en mostrar los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento gracias a los impuestos. 

La recaudación fiscal total se situó en 94,6 millones de euros, 2,2 millones más de lo contabilizado en el ejercicio precedente. No en vano una mejora del cobro en periodo voluntario situándose en el 86%, dos puntos y medio porcentuales más.

Especialmente importante ha sido la subida de los ingresos urbanísticos. Con el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) se recaudó el pasado año 3,5 millones de euros, 1,6 millones más que en 2017. También aumentó el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) en 2,5 millones debido a las inspecciones tributarias para evitar fraudes con este impuesto. Para el edil, este dato corrobora que la subida por este impuesto, que entró en vigor el pasado año, no ha afectado a la creación de empresas ya que aseguró que se han producido "más altas que bajas" durante el pasado año —237 altas frente a 216 bajas—. 

También hubo una mejora generalizada de la recaudación en el periodo voluntario situándose en el 86%, dos puntos más que en 2017. 

Todo ello permitió compensar los ingresos por la caída de la plusvalía, un tributo que fue anulado en parte por el Tribunal Constitucional que determinó que no podían gravarse aquellas operaciones de compraventa de inmuebles que no arrojaran beneficios. Por este tributo el Ayuntamiento se ha recaudado 1,5 millones menos respecto al ejercicio precedente. 

Por último, Galván incidió en la reducción de las facturas no reconocidas (opas o 'facturas en el cajón'). Al cierre del año el importe pendiente ascendía a 50,3 millones, una cuantía que al edil le valió para afirmar: "Antes teníamos un problema con las facturas en el cajón y ya podemos decir que no lo tenemos".