El PA exige al gobierno "coherencia" y que readmita a los 260 trabajadores

El secretario provincial del PA en Cádiz, Héctor Lagier, ha manifestado que "el gobierno del PP debe cumplir la sentencia del TSJA y readmitir a los trabajadores despedidos". "Sólo le cabe adoptar esa medida y cuanto más tarde, más daño seguirá causando al colectivo afectado y a los propios intereses generales de Jerez", afirmó. Igualmente, los andalucistas exigieron también "responsabilidades políticas" y la "dimisión" de "quienes hayan actuado, como recoge el fallo judicial, sin ajustarse a derecho". En este sentido, el secretario local del PA y afectado por el ERE, Santiago Casal, exige al PP y a la alcaldesa que sea coherente y que atendiendo a la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, "opte por readmitir" a los 260 trabajadores en vez de indemnizar con 45 días por año, "cuestión que podría costar a la maltrecha económica municipal la cantidad de 30 millones de euros, que pagaríamos todos los jerezanos". Por ello, Casal pregunta "a Pelayo cómo va ha explicar a los jerezanos que el despropósito y la ineficacia del gobierno del PP, nos va ha costar en torno a 30 millones de euros".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha asegurado que "la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es clara, clarísima: los despidos de trabajadores en el Ayuntamiento de Jerez no se han ajustado a Derecho y además se ha incurrido en arbitrariedad". En la misma línea, ha afirmado que la resolución judicial "no deja lugar a las dudas y pone de manifiesto que 260 personas fueron despedidas por la alcaldesa de Jerez del PP sin que se utilizara la normativa y sin respetar los derechos de los propios trabajadores". Igualmente, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía se ha referido al Ayuntamiento jerezano como "la gran fábrica de experimentos de la derecha más conservadora para ensayar la aplicación de sus políticas más agresivas, una circunstancia que también se extiende a todo lo referente a la Administración local, justo en un momento en que el Gobierno de la Nación está ultimando un ataque a la línea de flotación de las corporaciones locales y cuando estamos en vísperas de un nuevo aniversario de los ayuntamientos democráticos".