Las reformas de parte de las instalaciones de la residencia de mayores de La Granja se encuentran paralizadas. De hecho, la Junta de Andalucía, propietaria de edificio, está inmersa en los trámites para rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de estas obras, la firma Díaz Cubero SA.

Según los datos recabados por este periódico, el motivo de prescindir de esta constructora es la falta de avances en la ejecución de estas obras de mejora de este equipamiento de la avenida Fernando Portillo. De hecho, los trabajos deberían haber estado culminados el pasado mes de mayo, un plazo que la empresa no ha cumplido.

Esta inversión prevé mejorar las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y accesibilidad del edificio así como la reforma completa de una de las plantas residenciales (concretamente la séptima). La obra fue adjudicada a esta constructora a finales de marzo del año pasado por un presupuesto de unos 876.000 euros aproximadamente —Díaz Cubero presentó una oferta económica que suponía un 20% de rebaja respecto al precio de licitación—.

El organismo autonómico inició el proceso de rescisión del contrato a finales de diciembre del pasado año. Ahora bien, y tal y como marca la normativa en materia de contratación, necesitaba del visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía para cumplir con este trámite, un beneplácito que recibió a finales del pasado mes de mayo.

En los informes técnicos que la Junta ha elaborado para sustentar la rescisión del contrato, se habla no solo de una defectuosa ejecución de las obras sino de un retraso injustificado en su desarrollo. En el expediente consta un informe de la dirección facultativa de esta actuación de finales de diciembre que advertía que en ese momento la intervención solo estaba ejecutado al 6,9% cuando, según el plan de obras, en esa fecha ya debía estar en torno al 31,8% del programa de trabajos.

Es más, hay informes técnicos que apuntan que desde agosto del pasado año se puede considerar que esta obra “está paralizada”.

Durante este proceso, la empresa adjudicataria presentó alegaciones donde atribuyó la falta de ejecución a unos “defectos” en el proyecto de obra y una serie de problemas de “seguridad” para llevar a cabo la intervención. Estos argumentos son censurados por el Consejo Consultivo de Andalucía en su dictamen al entender que el contratista debía conocer previamente los detalles del proyecto y que no se puede alegar que exista un “riesgo” en la ejecución de los trabajos ya que entiende que es la propia empresa la que debe “adoptar las medidas para prevenir tales riesgos”.

La Junta tendrá que proceder ahora a culminar el expediente administrativo de rescisión del contrato y, con posterioridad, iniciar una nueva licitación para retomar esta actuación.