El Supremo llama a declarar a Bernardo Villar por los contratos con la Gürtel

El próximo día 14, a las diez y media de la mañana, el ex concejal del PP Bernardo Villar está llamado a declarar ante el Tribunal Supremo por los contratos que firmó en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la promoción de Jerez en la edición de Fitur de ese año. Lo hará en calidad de testigo una vez que fue señalado por la ex alcaldesa, María José García-Pelayo, durante su comparecencia ante este órgano jurisdiccional como el responsable político que rubricó los acuerdos que hicieron que estas empresas organizaran la presencia jerezana en la cita turística madrileña. Para ese día, también han sido llamados a declarar, también en calidad de testigos, dos funcionarios del Ayuntamiento, María Antonia Prado y José Antonio Repeto.

Ayer se conoció la convocatoria realizada por la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, que continúa así con la investigación tras la declaración que prestó García-Pelayo el pasado 22 de febrero. El Supremo tiene abierta una causa contra la ex alcaldesa por la adjudicación de cuatro contratos por un importe total de 355.000 euros con las empresas Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio, vinculadas presuntamente al entramado que dirigía Francisco Correa (cabecilla de la Gürtel). Estas se encargaron de la promoción de Jerez en Fitur con el montaje del estand en la cita turística, una exhibición ecuestre en la Plaza Mayor y un espectáculo de flamenco en el parque de El Retiro. A García-Pelayo se le imputan los delitos de prevaricación y falsedad documental pero su causa está siendo llevada por el Alto Tribunal puesto que es aforada al ser actualmente diputada en el Congreso.

Bernardo Villar se encuentra actualmente retirado de la primera línea de la política tras renunciar a un puesto de salida en la lista con la que el PP concurrió a las elecciones municipales de mayo del pasado año. El ex edil es uno de los dirigentes históricos de una formación que presidió a nivel local entre 1993 y 2009. En el mandato donde se hicieron los contratos que están siendo investigadas por la justicia, Villar estaba al frente de la Delegación de Promoción de la Ciudad y era vicepresidente del desaparecido Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), órgano que realizó las contrataciones para la feria turística de ese año.

Ya en un informe que elaboró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se citaba a Bernardo Villar como uno de los intervinientes en el proceso de adjudicación de estos contratos. Sin embargo, los dos magistrados que llevaron la instrucción en sus distintas fases (Pablo Ruz en el inicio y José de la Mata en su parte final) no consideraron necesario citarlo a declarar a pesar de que estaba citado en la lista elaborada por el informe policial. En cambio, y tras la declaración de García-Pelayo, el Supremo ha considerado que debe declarar aunque, eso sí, en calidad de testigo al ser el responsable político que firmó los acuerdos con las empresas adjudicatarias.

Mientras, los dos técnicos llamados a declarar serán preguntado sobre diversos aspectos de los procedimientos de contratación. María Antonia Prado fue durante el anterior mandato la mano derecha a nivel técnico de la ex alcaldesa al ocupar la dirección de Alcaldía. Por su parte, José Antonio Repeto estuvo al frente durante varios años como máximo responsable de la Asesoría Jurídica Municipal. Ambos fueron relevados en estos puestos con la llegada a la Alcaldía de Mamen Sánchez (PSOE), quien optó por otros funcionarios para estos cargos técnicos de máxima confianza.

Sí se encuentran encausados en el proceso que sigue en la Audiencia Nacional otros técnicos y ex empleados municipales, tales como José Agüera, Manuel Báez, Lourdes Montenegro, Milagros Pérez y Milagros Abascal. Asimismo, se sentarán en el banquillo los responsables de las empresas contratadas (Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela).