La asociación Derechos Humanos en Jerez denuncia el abandono del opositor Mohamed Zian en una prisión marroquí

La asociación Derechos Humanos y Protección de Inmigrantes y Refugiados (DHPIR) en Jerez pide ayuda para que el estado español atienda a uno de sus ciudadanos. Se trata del exministro marroquí Mohamed Zian (Málaga, 1943) que cuenta con la doble nacionalidad española y marroquí, actualmente en prisión.

Sus allegados y la asociación DHPIR denuncian, por un lado, que las autoridades marroquíes no permiten a Zian contactar con nadie más allá de sus familiares, “tiene prohibida la correspondencia”. Por otro, reclaman que el cónsul de España en Rabat lo visite para conocer de primera mano, la situación, “al igual que hacen con los demás españoles encarcelados fuera de España”, explica el presidente de DHPIR en Jerez, AbdesalamBouaiouida. Desde esta organización defienden que cumple condena injustamente y que se trata de un preso político.

Zian nació y vivió en España hasta que fue condenado a muerte por el régimen franquista, al que hacía frente desde el movimiento estudiantil FUDE. Como consecuencia de ello se exilió en la tierra de su padre. Abogado y alto funcionario, ministro de Derechos Humanos de Hassan II, cargo que abandonó para defender a opositores al régimen y denunciar la persecución de rifeños, saharauis y la muerte de inmigrantes en la frontera con España.

La asociación DHPIR ha remitido diferentes cartas a altos cargos del estado español como al ministro de Exteriores y al presidente del Gobierno, pero no han obtenido respuesta. “Tan sólo nos ha respondido el Defensor del Pueblo”, asegura Bouaiouida mostrando un folio con la respuesta impresa. "No queremos que se olviden de él", indica el presidente de DHPIR en Jerez.

Condenas

Quien fuera ministro de Derechos Humanos entre 1995 y 1996, cumple una pena de cárcel desde noviembre de 2022 de tres años por once delitos: "insultar a jueces y a funcionarios públicos", "dar mal ejemplo a los niños", "instigar a violar las medidas para evitar la propagación del covid", "difundir informaciones falsas", "ayudar a una persona a abandonar el territorio nacional de forma clandestina" y "adulterio", entre otros. En 2024 fue condenado de nuevo a 5 años más de prisión por malversación tras no haber devuelto una subvención destinada a una campaña electoral.