Jerez

El juicio por los contratos del Ayuntamiento con la trama Gürtel comenzará el 6 de mayo

  • Están acusados varios técnicos municipales y los principales responsables de las empresas de Correa

  • La vista oral se alargará hasta principios de julio

Espectáculo ecuestre celebrado en la Plaza Mayor de Madrid con motivo de Fitur 2004. Espectáculo ecuestre celebrado en la Plaza Mayor de Madrid con motivo de Fitur 2004.

Espectáculo ecuestre celebrado en la Plaza Mayor de Madrid con motivo de Fitur 2004. / Fito Carreto

El juicio en la Audiencia Nacional por las contrataciones que realizó el Ayuntamiento jerezano con empresas de la trama Gürtel para la promoción de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en 2004 comenzará el 6 de mayo del año próximo. En él están acusados varios empleados y ex empleados municipales, además de los máximos responsables de estas empresas como Francisco Correa o Pablo Crespo, entre otros. Está previsto que la vista oral se alargue hasta, al menos, principios de julio.

En esta causa se investiga la adjudicación de varios contratos sin concurso público por parte del Ayuntamiento a empresas del entramado dirigido por Correa. Las diligencias fueron iniciadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 en 2008 pero no fue hasta 2014 cuando se relanzaron las investigaciones. En 2015 se conocieron los autos con las primeras imputaciones pero en ese momento la causa se dividió en dos.

Así, una parte pasó al Tribunal Supremo ya que la Audiencia Nacional pidió investigar la participación en los hechos de la entonces alcaldesa, María José García-Pelayo, que estaba en ese momento aforada por su condición de senadora. Mientras, el resto de la causa, cuya vista oral se ha fijado ahora, se mantenía en manos de la Audiencia Nacional.

La causa concerniente a la ex regidora y actual diputada en el Congreso se acabó archivando en mayo de 2016 al considerarse que García-Pelayo no había participado en las irregularidades de la contratación. Además, se abría la puerta a la posibilidad de que los hechos ya estuvieran prescritos. En cambio, la de la Audiencia Nacional se ha mantenido abierta a expensas de que se fijara la fecha, un trámite que ha estado condicionado porque antes hubo de enjuiciarse otras piezas vinculadas con la trama Gürtel —entre ellas la pieza principal, cuya vista oral se alargó durante un año —.

En este juicio se analizarán los contratos realizadas por el desaparecido Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) con tres empresas del grupo de Correa — Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio— que percibieron unos 355.000 euros por el estand y las actividades de promoción de Jerez que se hicieron en Madrid durante la feria de turismo. Así, además de contar con un espacio propio en la Feria se celebró una exhibición ecuestre en la Plaza Mayor y un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro.

En algunos de los autos elaborados por el juez instructor, José de la Mata, se detalla que a finales de 2003 se produjeron las primeras reuniones entre representantes del Ayuntamiento y de las empresas de Correa, por mediación de Isidro Cuberos (que falleció en 2015 en un accidente de tráfico) para organizar la participación de Jerez en la cita madrileña. Así, se les encargó a estas firmas esta promoción, dividida en tres lotes, sin haberse iniciado el procedimiento de adjudicación correspondiente. Para el juez instructor, todo el expediente administrativo se montó tras prestarse los servicios —la presentación de ofertas, el inicio del proceso de adjudicación, los contratos de servicios—. De hecho, llegó a apuntar que el procedimiento se hizo sin concurso público y mediante “groseras ilegalidades”.

Para Enrique Agüera, Manuel Báez, Milagro Pérez y Lourdes Montenegro, la Fiscalía pide siete años de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad por funcionario público y fraude a las administraciones públicas. Mientras, a Milagros Abascal le reclama dos años de cárcel por prevaricación y fraude a las administraciones públicas.

Finalmente, el ministerio fiscal reclama siete años y nueve meses a Francisco Correa y Pablo Crespo por prevaricación, falsedad por funcionario público y fraude a las administraciones públicas, ambos en calidad de cooperador necesario, y falsedad en documento mercantil. A los empleados de estas empresas Isabel Jordán y Javier Nombela les pide también siete años y medio de prisión por los mismos cargos.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios