Una cláusula excluyente

El pasado día 7, la alcaldesa, Mamen Sánchez, soltaba una advertencia al término de una reunión del consejo social de la ciudad: Jerez no podrá acogerse a planes de empleo de otras administraciones públicas por culpa del ERE municipal. El problema ya era conocido por el gobierno local desde su aterrizaje en la planta noble del Ayuntamiento pero no fue hasta ese momento cuando hizo saltar la alarma públicamente. El motivo no es otro que un cambio normativo que trata de impedir que empresas que hayan realizado despidos improcedentes se aprovechen de bonificaciones en sus nuevas contrataciones. Eso sí, esta imposibilidad, y salvo sorpresa o contratiempo de última hora, no afectará al Ayuntamiento hasta, al menos, el año próximo. Y en 2017 habrá expiado toda su 'culpa'.

Pero, ¿por qué unos despidos pueden condicionar hasta tal punto un plan de empleo? Es sencillo pero hay que ahondar en los antecedentes. El pasado 3 de marzo, a escasas dos semanas de las autonómicas, la Junta aprobaba el decreto de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Bajo este rimbombante nombre, el organismo regional daba vía libre a una serie de medidas para fomentar las contrataciones y prorrogar iniciativas que ya había aplicado en años precedentes. Entre ellas se encontraba el programa 'Emple@joven', al que ya se acogió el Ayuntamiento el pasado año.

Sin embargo, en la convocatoria de este ejercicio se han incorporado nuevos requisitos. Así quedan excluidos aquellas personas y entidades que hayan "sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la apertura de las ayudas". Esta cláusula no es una invención de la Junta sino que sigue las directrices marcadas por el Ministerio de Empleo que a finales del pasado año aprobó un real decreto donde modificaba la base normativa de los programas de empleo destinados a jóvenes. No obstante, la prohibición de acogerse a ayudas o incentivos cuando se han ejecutado previamente despidos improcedentes no es nueva en la normativa laboral pues aparece recogida desde hace años en diversas líneas para el fomento de la contratación en el sector privado. Lo que ocurre es que no es habitual que haya despidos en una administración pública, de ahí la singularidad del caso de Jerez.

La convocatoria para los programas de empleo de la Junta se aprobó en marzo y a principios de mayo el Consistorio inició los trámites de solicitud, aunque no los terminó hasta agosto. Pero en este tiempo se comenzaron a conocer las primeras sentencias de los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que ejecutó el Ayuntamiento en 2012. Los Juzgados de lo Social determinaron que eran improcedentes los despidos realizados a los trabajadores que tenían menos de 59 años ya que no se había aplicado un criterio objetivo en su designación. Conforme se fueron conociendo los primeros fallos, el anterior gobierno del PP adelantó que iba a recurrirlos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez (PSOE), advierte que hubo algunos casos que no llegaron a tramitarse - "se olvidaron", apunta irónicamente- de ahí que al poco tiempo se declararan firmes. El grueso de los fallos se mantiene recurrido como medida 'preventiva' mientras se procede a la reincorporación de los afectados, que no se culminará hasta el año próximo.

Pero esos escasos fallos ya firmes -el gobierno local no apuntó el número- son el problema. La solicitud para acogerse a las medidas requiere de una declaración responsable de la alcaldesa donde afirme que no incurre en ninguno de los supuestos excluyentes, de ahí que fuera muy arduo el trabajo para confirmar que no se incumplía la ley al firmar la solicitud. No en vano, cuando se culminaron los trámites de presentación de la petición en agosto, el Ayuntamiento ya tiene notificadas casi todas las sentencias con la declaración de improcedencia del despido e, incluso, alguna donde había sido declarado nulo. "Estuvimos mirando cada caso, uno por uno, para ver si cumplíamos o no y, tras un informe jurídico, vimos que cumplíamos por los pelos", explicó la edil. De este modo se formalizó la petición y se está a la espera del visto bueno de la Consejería de Empleo. Mientras, desde la Junta evitan entrar a valorar el caso de Jerez remitiéndose a lo que señala el Boja sobre los requisitos para esta normativa.

El Ayuntamiento ha solicitado acogerse a dos programas, uno es el denominado 'Emplea@joven', destinado a menores de 25 años, y otro es el 'Emple@25+'. Con el primero se pretenden realizar 382 contratos y con el segundo 253; la cuantía subvencionada total ronda los cinco millones de euros. Los beneficiarios serían contratados por el Ayuntamiento por un periodo de tres a seis meses para diferentes actuaciones municipales.

Pero, en el caso de que haya nuevas convocatorias de estas líneas de ayuda para 2016 el Ayuntamiento no podría acogerse a tenor de la literaridad de la norma, aunque este asunto se sigue estudiando jurídicamente. Laura Álvarez señala que se está analizando si se exoneraría con la reincorporación de los afectados pues el hecho excluyente, el despido improcedente, quedaría reparado. Pero ¿y si algún despedido renunciara a volver a su puesto a cambio de la indemnización de 45 días por año trabajado, tal y como ya han anunciado algunos? La edil explica: "Estamos viendo si esto supondría bloquear todos los planes de empleo". El gobierno local aún no tiene respuesta a esta incógnita pero sí tiene muy claro el culpable. "El PP dejó todo hecho un desastre", subraya.