Cuatro delegados son imputados tras la denuncia de Urbanos Amarillos

El Juzgado de Instrucción nº4 de Jerez ha admitido a trámite una ampliación de la querella interpuesta por la empresa Urbanos Amarillos contra el Ayuntamiento por el rescate de la concesión del servicio de transporte público. En el auto del 9 de febrero, al que ha tenido acceso este medio, el juez Valeriano Palomino cita a declarar "para ser oídos en calidad de imputados" a los delegados municipales Javier Durá, Antonio Saldaña, Agustín Muñoz y Enrique Espinosa, así como a otras nueve personas entre las que se encuentran técnicos municipales y miembros del comité de empresa de los autobuses urbanos. Los querellados tendrán que acudir al juzgado los días 14 y 16 de abril para responder por un "presunto delito de apropiación indebida, prevaricación, administración desleal y estafa". No obstante, en el auto se procede a "inadmitir a trámite la querella respecto a María José García-Pelayo al ostentar ésta la condición de senadora que se ha acreditado en esta causa, y estar aforada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debiendo dirigirse, en su caso, la acción penal ante la mencionada Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Tras conocerse las imputaciones, el gobierno municipal hizo público un comunicado en el que recalcó que "la nueva querella de Urbanos Amarillos sobre la compra de autobuses durante la época del PSOE es un paso más para intentar presionar al Ayuntamiento en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa y en función del cual el Ayuntamiento está llevando la gestión directa del servicio, cumpliendo con la ley". Igualmente, recordaron que esta nueva querella se suma a la que "fue desmentida en noviembre pasado por el Ejecutivo con la declaración de la alcaldesa en los juzgados, a los que se trasladó una copiosa documentación sobre el proceso de 'secuestro' del servicio en mayo de 2012 y el proceso de resolución de contrato con Urbanos Amarillos".

De igual modo, el gobierno local consideró ayer que "estamos ante un caso de deslealtad flagrante en el proceso de negociación con la empresa, ya que la última reunión al respecto se produjo el pasado 4 de febrero en el propio Ayuntamiento. Es más, antes de este encuentro hubo sobre diez reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento en el marco de tal negociación". Incluso, desde el gobierno municipal del PP señalaron que esta nueva querella "parece tener tintes políticos porque, como todo el mundo sabe, Urbanos Amarillos fue la empresa contratada por el PSOE para asumir días antes de las elecciones municipales que perdió en 2011".

Desde el Ejecutivo local insistieron ayer en recordar que la empresa concesionaria Urbanos Amarillos, "que llegó de la mano del gobierno del PSOE en vísperas de las elecciones municipales de 2011 para asumir el servicio de manera definitiva tras hacerlo varios meses de manera provisional, demostró desde el primer momento su incapacidad para gestionar el servicio de autobuses urbanos en la ciudad, provocando una situación caótica que derivó en la paralización del servicio, que es básico para la ciudadanía. Una paralización debido a las huelgas de los trabajadores ante los continuos impagos de Urbanos Amarillos". "Los jerezanos son conscientes, porque lo sufrieron, de cuánto daño hizo al servicio y a la propia ciudad esta concesión del servicio de autobuses a Urbanos Amarillos, que no tenía capacidad para asumir su gestión", indicó el gobierno local.

En este sentido, los responsables de Urbanos Amarillos "son los primeros en ser conscientes de que este gobierno no ha cometido ningún delito. Esta nueva querella, al igual que la de noviembre, no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa, una documentación además que ya se trasladó al juez en noviembre".

Al igual que con respecto a la querella presentada a finales del pasado año por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos - "empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011", indicaron desde el Ayuntamiento- el Ejecutivo "confía en el archivo de esta nueva querella ya que tampoco tiene fundamento". Cabe recordar también que "la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda".

Además, el Consistorio subrayó ayer que precisamente el pasado 12 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó una sentencia al Ayuntamiento que declaró "definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado".

El gobierno municipal, además, hizo hincapié ayer que en el proceso de liquidación se ha incluido "la valoración de los autobuses adquiridos en la época del PSOE, por tanto no se entienden las acusaciones vertidas en la querella". De esta manera, desde el Gobierno se entiende que "la forma con la que está actuando la empresa, obliga a denunciar esta situación, ya que la actitud que se ha mantenido y que se sigue manteniendo desde el Ayuntamiento en el proceso de liquidación es la vía del diálogo y negociación frente a la actitud que está demostrando la empresa presentando querellas que, como ya se puso en conocimiento de la justicia, no responden a la realidad del proceso".