El dilema de la fábrica de botellas

El cierre definitivo de la antigua fábrica de botellas de la Ronda de los Alunados ha supuesto el final de una industria que tiempo atrás fue un puntal de la economía jerezana pero que llevaba años viviendo un decadente epílogo que hacía presagiar lo ocurrido el pasado jueves. Sin embargo, esta decisión empresarial ha condenado al gobierno local a tener que adoptar una decisión de relevancia vital: permitir que estos suelos se destinen a viviendas o mantener su uso industrial. Por el momento, no hay nada decidido al respecto.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entró en vigor en 2010, recalificó estos terrenos cumpliendo así con un convenio urbanístico que el Ayuntamiento firmó en 2008 con la propietaria de las instalaciones, la empresa francesa Saint Gobain-Vicasa. Eso sí, en el acuerdo se amarró que el cambio a residencial estuviera condicionado al compromiso firme de la compañía de mantener la "actividad industrial" en Jerez. Esa era la condición sine qua non que la multinacional ha incumplido; por lo tanto, teóricamente, a la empresa se le debería esfumar la posibilidad de construir 842 viviendas en los 129.000 metros cuadrados de la manzana conformada por la Ronda de los Alunados y las avenidas de la Universidad y Nuestra Señora de la Paz.

No en vano, el texto del convenio es reiterativo en dejar clara este requisito. El mantenimiento de la actividad industrial se considera "condición de carácter esencial" para que el Ayuntamiento recalifique los suelos. Incluso, recoge el supuesto de que Saint Gobain-Vicasa incumpla algunos de sus compromisos -no solo estaba obligada a mantener la actividad industrial-. En este caso, el Ayuntamiento puede "proceder a revisar las determinaciones urbanísticas contempladas" en el acuerdo sin que la firma pueda reclamar algún tipo de indemnización.

Sin embargo, esta es la teoría pues la pelota acaba de pasar al tejado del gobierno municipal ya que no hay una recalificación automática al imperar lo que dice el PGOU sobre el texto del convenio urbanístico. En este sentido, para que estos terrenos sean industriales, Urbanismo tiene que proceder a una modificación puntual del ordenamiento municipal pero, por el momento, el ejecutivo local no tiene adoptada decisión alguna.

Preguntado por este asunto, el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, se mostró cauto a la hora de concretar qué ocurrirá con estos suelos. En este sentido, reiteró que se está estudiando a nivel jurídico la vigencia y los incumplimientos del convenio urbanístico pero aseguró que se pretende "explorar" una vía de diálogo con la empresa para determinar qué hacer con estas instalaciones, que ya han quedado sin actividad. "Tenemos que ver qué es lo mejor para la ciudad", argumentó. De hecho, hizo hincapié en la necesidad de que se abra un "debate" para que las "decisiones sobre este enclave tengan el mayor consenso por el interés de la ciudad".

Por lo tanto, hay una disyuntiva aún por resolver: o se inicia el procedimiento de reversión de estos suelos al uso industrial o se mantiene la propuesta de edificabilidad residencial que contempla el Plan General, que no deja de ser un jugoso 'premio' a una empresa que, precisamente, ha incumplido los compromisos que suscribió con el Ayuntamiento de Jerez. Hay que recordar que el convenio establecía la recalificación de los suelos a cambio de trasladar la producción a una nueva planta que iba a construirse en la Ciudad del Transporte, -fábrica que debería haberse puesto en marcha en enero de 2011, por cierto-. Saint Gobain no solo no lo hizo sino que, además, se llevó la producción a otra ciudad con un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectó a 114 trabajadores -entonces se mantuvo a 40 en Jerez, un número que se redujo hasta los 13 en un centro logístico y de almacenaje cuya actividad fue a menos de manera progresiva hasta cerrar-. Eso sí, estuvo de por medio el controvertido capítulo de traspaso de parte de estos suelos al 'bluff' que fue el proyecto de la planta de ensamblaje de vehículos de Zahav.

Este asunto se abordó en el pleno municipal celebrado el pasado jueves en el que el edil de Urbanismo dejó caer que el Ayuntamiento no está capacitado para adoptar medidas de presión sobre la empresa como podría ser una expropiación en caso de que la firma optara por abandonar estos suelos, de ahí que hiciera hincapié en la necesidad de buscar una solución "negociada" con la compañía y consensuada con todos los grupos.

La decisión, además, deberá adoptarse en un contexto en el que Urbanismo se encamina hacia un proceso de "reestudio" del Plan General donde se pretende, precisamente, reducir la posibilidad de desarrollar nuevos suelos residenciales porque apenas hay expectativas de crecimiento debido a la situación del sector inmobiliario.