El Ayuntamiento deberá ser indemnizado por una empresa a la que adjudicó en 2014 las obras de duplicación de un tramo de la antigua travesía de la N-IV y del entorno de la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias y que dejó inconclusa un año después. Así lo ha dictaminado el Consejo Consultivo de Andalucía que ha dado vía libre al Consistorio para que pueda volver a adjudicar esta actuación.

Las obras corresponden a la duplicación del tramo de la antigua carretera de circunvalación (este tramo se denomina a día de hoy avenida Reina Sofía) comprendido entre las rotondas del centro hospitalario y la de acceso al complejo comercial de Área Sur y Luz Shopping. Esta incluye la urbanización del entorno de la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias y de los terrenos donde se pretendió edificar un palacio de congresos, que actualmente se está derribando.

La duplicación de este tramo de la antigua travesía se culminó en 2015. Ahora bien, el proyecto de obras no se ejecutó en su totalidad ya que la empresa adjudicataria, una sociedad vinculada al grupo constructor OHL, abandonó el tajo alegando los impagos del Ayuntamiento, así como unos sobrecostes surgidos durante la ejecución. Así, quedaron pendientes algunas actuaciones de urbanización en el entorno de la cooperativa y de la parcela del fallido palacio de congresos (de hecho, los viales de este enclave continúan cerrados al tráfico a día de hoy).

Se inició entonces un enfrentamiento jurídico con la constructora que se resolvió a favor del Consistorio en 2018 cuando el Juzgado de lo Contencioso determinó que no había que pagar los sobrecostes reclamados por la constructora. Tras esto, y teniendo en cuenta que la adjudicataria comunicó su pretensión de no continuar la obra, el Ayuntamiento inició el expediente de rescisión del contrato. Para ello, y tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, requiere del beneplácito del Consejo Consultivo de Andalucía.

Este órgano, en un dictamen fechado el pasado 22 de diciembre, ha concluido que está plenamente justificada la resolución del contrato. Ahora bien, también acepta la petición de que la empresa constructora indemnice al Consistorio por los daños y perjuicios ocasionados por la paralización y abandono de la obra. Para ello se establece como importe la fianza que pagó la constructora cuando firmó el contrato de la obra.

Actualmente se está procediendo al derribo del fallido palacio de congresos.

En 2014, el Ayuntamiento ofertó esta obra por un importe que rondaba los dos millones de euros. El grupo OHL, a través de la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Asfaltos y Construcciones Elsan y Construmar, ofreció hacerla por 1,3 millones, un 36% menos del precio de licitación. A la firma del contrato, entregó una fianza de 55.386 euros, importe que el Ayuntamiento no tendrá que devolver en concepto de compensación.

Se da la circunstancia de que esta no fue la primera paralización que sufrió esta obra. Esta debería haber sido ejecutada en parte por la promotora del fallido palacio de congresos, la firma sevillana Baremo 80 SL, que abandonó el proyecto a los pocos meses de iniciar la construcción.

En declaraciones a este periódico, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, señaló que el Ayuntamiento llevará próximamente a una junta de gobierno local la resolución del contrato para que pueda volver a adjudicarse en los próximos meses. No obstante, una vez concluyan estos trabajos se deberá acometer una segunda fase para poder dar por acabada la urbanización de esta zona y, por ende, pueda abrirse al tráfico.