Tan sólo el 15% de casas ilegales de Jerez puede beneficiarse del Decreto andaluz

El término municipal de Jerez tiene, según cálculos del gobierno local, cerca de 1.500 viviendas ilegales. Sin embargo, tan sólo poco más del 15% de estas casas podrá beneficiarse del nuevo Decreto de la Junta de Andalucía para la regularización de viviendas ilegales. Así lo explicó ayer el delegado de Urbanismo y portavoz municipal, Antonio Saldaña, quien compareció acompañado de la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, para dar cuenta de cómo puede afectar la nueva normativa a Jerez. A juicio del responsable popular, el Decreto "básicamente no resuelve el problema en Jerez" ya que directamente sólo beneficiará a 33 viviendas localizadas en El Mayorazgo, aunque existe la posibilidad de llegar a legalizar un total de 237 edificaciones ilegales si se cumplen determinados requisitos. "Este Decreto llega tarde y mal, a escasos meses de las autonómicas porque la vivienda es un tema recurrente en periodo electoral y después 'si te he visto no me acuerdo', permaneciendo los vecinos otros cuatro años en el limbo", lamentó.

Aun así, el portavoz popular insistió en que desde el Ayuntamiento se tenderá la mano a la Junta para que ambas administraciones trabajen para facilitar la legalización de las viviendas en Jerez. De hecho, adelantó que se llevará al próximo pleno una "moción en la que se dará las herramientas a la Junta para que ambas administraciones puedan ir de la mano, ya que existen fórmulas de colaboración que serán más efectivas que la aplicación del Decreto".

En el caso concreto de Jerez, tal como detalló ayer Antonio Saldaña, existen 13 núcleos rurales que engloban entre 600 y 700 viviendas y edificaciones que no pueden acogerse al Decreto por encontrarse en áreas calificadas en el PGOU como hábitat rural diseminado, estando la mayoría de ellas construidas en vías pecuarias. Sin embargo, estas viviendas están en núcleos que, "conforme a lo recogido en el PGOU, están en proceso de legalización con la elaboración de planes especiales". En estos momentos, "ya están aprobados los planes especiales de Cuartillos, Mesas del Corral, encontrándose pendiente el de Gibalbín, ya que no está desafectada la cañada". Igualmente, se están redactando los de Añina, La Inmaculada, Mesas de Santa Rosa y el Polila, "y está previsto que se finalicen en febrero, comenzando así todo el procedimiento para su aprobación". Estos planes son, sin embargo, sólo el inicio del procedimiento ya que se trata de documentos urbanísticos que habilitan la legalización de estas viviendas. Así las cosas, Antonio Saldaña reiteró que lo que el Ayuntamiento va a solicitar a la Junta es que "se agilicen los trámites para la aprobación de estos planes y que en aquellas zonas que sea necesario se agilice igualmente la desafectación de las cañadas como paso previo a la redacción de estos planes especiales".

Respecto al resto de viviendas, es decir, 870 casas, "no podrán legalizarse según el decreto de la administración autonómica un total de 633". En concreto, la legalización no es posible para 381 casas por encontrarse construidas en vía pecuaria o por ser posteriores a 1975. Es el caso de las que se localizan en Las Tablas Oeste, El Cuervo Sur, Gibalbín Norte, Alenar de Cuartillos, Depuradora de Cuartillos, Mesas del Corral Este, Torrecera Baja Norte y Oeste, Cañada del León Oeste, Las Pachecas Norte y Sur, Cañada del Carrillo, Hijuela de las Coles, Las Quinientas y Cañada de Puerto Real. Tampoco pueden ser legalizadas otras 84 por estar construidas en suelo de especial protección (las del Cerro de Mesas de Asta) o las inundables (La Greduela). Igualmente otras 168 quedarán fuera del Decreto porque se han formado en parcelaciones urbanísticas ilegales, como ocurre en Magallanes Bajo, Zarandilla y Los Lagos Norte y Sur. En relación a los núcleos que se encuentran en vía pecuaria siendo construidos posteriormente a 1975, Saldaña destacó que lo primero que hay que hacer es habilitar que los núcleos puedan ser reconocidos como una zona rural histórica, "por lo que el PP en Andalucía pide una profunda reforma de la LOUA, que reconozca la realidad posterior a esa fecha". Igualmente, el delegado municipal pidió que en muchos de los casos o que se desafecte o que no se haga necesario un trazado alternativo que supone una limitación importante a la gestión de los suelos y que conserve lo que se denomina una 'huella pecuaria', "es decir, que se reconozca que por allí pasa la vía pecuaria pero que no tengan determinadas dimensiones y un trazado alternativo que muchas veces lo que hace es encarecer los procedimientos".

Por lo que respecta a los asentamientos que se encuentran en suelo de especial protección o inundable, el edil señaló que lo que se pide a la Junta es, en el caso de Mesas de Asta, que "Cultura explique qué actuación es la que se puede considerar allí y en el caso de La Greduela que se defina claramente la zona inundable y prever actuaciones e inversiones para acotar dichas zonas inundables". Y, respecto al último grupo, las viviendas que tienen su origen en una parcelación urbanística ilegal, el delegado insistió en la necesidad de una reforma de la LOUA y del POTA.

De este modo, con el nuevo Decreto, "sólo se pueden legalizar directamente 33 viviendas de El Mayorazgo, ya que se consideran edificaciones aisladas y se podrían legalizar otras 204 que se podrían considerar como edificaciones aisladas siempre que hubieran prescrito los plazos para la protección de la legalidad y se podrían considerar las zonas como huertos familiares o legalizar viviendas. Es el caso de Berlanguilla, Cerrado Llano, y los Huertos de La Barca y Torrecera. "Lo que supone un 2% de las viviendas ilegales del término municipal, que se pondría extender hasta un 15% en el mejor de los casos", insistió Saldaña, adelantando que "de todos estos aspectos informaremos a los vecinos en las reuniones que vamos a mantener entre febrero y marzo con idea de explicarles claramente cuáles son los procedimientos que deben seguir para legalizar sus viviendas".