La Junta de Andalucía ha resuelto el error que provocó que tuviera que revocar un informe con el que había tumbado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que había promovido el Ayuntamiento de Jerez. A finales del pasado mes de mayo, la Dirección General de Calidad Ambiental emitió una declaración ambiental estratégica donde deja sin validez buena parte de un cambio de la normativa urbanística municipal en suelos protegidos. El problema radicó en que el informe fue emitido por un órgano que no era competente.

Todo parte de una propuesta realizada por el Ayuntamiento en julio de 2018 que planteaba, entre otras cuestiones, que se permitiera la implantación de canteras en suelos no urbanizables que estén protegidos por su interés forestal o paisajístico. Sin embargo, no fue hasta finales del pasado año cuando la Junta de Andalucía se pronunció sobre el planeamiento desde el punto ambiental.

En ese momento, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia emitió una declaración ambiental estratégica donde echaba por tierra buena parte de la modificación de la normativa. Entre otros motivos, señalaba que un cambio de esta envergadura no puede hacerse de manera generalizada, sino que deben concretarse los enclaves que han perdido el valor paisajístico o forestal para implantar esta actividad.

Tras esto, el gobierno municipal readaptó la modificación del PGOU a las determinaciones ambientales y la volvió a llevar a pleno. Pero en esta ocasión no obtuvo el respaldo necesario por lo que acabó descartando la propuesta de manera definitiva. Sin embargo, el pasado mes de abril, el organismo autonómico emitió una resolución donde revocaba la declaración ambiental estratégica que había aprobado meses antes.

La justificación esgrimida para adoptar esta decisión es que había cometido un error en el órgano que debía emitir el informe. Así, concretaba que su aprobación es competencia de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático y no de la Delegación Territorial de la Consejería.

Por lo tanto, ahora se ha emitido la nueva resolución con un pronunciamiento ambiental en los mismos términos de la realizada a finales del pasado año. Entre otros argumentos, la administración autonómica considera que el PGOU tiene una “base sólida” para fijar la clasificación de los suelos no urbanizables. Así, basándose en el denominado principio de no regresión ambiental (la limitación a los poderes públicos de disminuir el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté debidamente justificado), entiende que debe haber un “plus de motivación razonada, pormenorizada y particularizada” para aceptar el cambio urbanístico propuesto por el Ayuntamiento.