La Junta de Andalucía no le ha dado el visto bueno ambiental a dos plantas fotovoltaicas que unas empresas vinculadas al empresario José Benjumea proyecta en el paraje de Alíjar, en las proximidades de la linde de los términos municipales de Jerez con Sanlúcar de Barrameda. No obstante, el promotor tiene ahora un periodo de presentación de alegaciones frente a este informe desfavorable.

Según los datos que ha recabado este periódico, el organismo autonómico advierte de que el proyecto solar tendría un “impacto muy relevante” sobre la biodiversidad del enclave, fundamentalmente porque puede alterar el hábitat de especies protegidas como el agilucho cenizo, un ave esteparia que se encuentra especialmente amenazada debido a la reducción de su población en las últimas décadas al disminuir las zonas dedicadas a cultivos herbáceos.

La administración autonómica considera que son insuficientes las medidas correctoras comprometidas por la promotora de la instalación fotovoltaica por lo que informa desfavorablemente a la solicitud de autorización ambiental unificada, trámite necesario para la obtención del permiso autonómico. Eso sí, tal y como explican fuentes del organismo autonómico, una vez se le dé audiencia, se procederá a emitir la resolución definitiva sobre la petición realizada por la empresa.

Las sociedades mercantiles Puerto Santa María Energía I y II solicitaron en 2020 el permiso para sendos parques fotovoltaicos en el interior de una misma parcela catastral en el paraje de Alíjar (una de 49,6 megavatios y otra de 43,4, aunque con posterioridad modificó el proyecto para ampliarla a 46,9 megavatios). Sin embargo, a mediados del pasado año presentó una modificación de ambos proyectos y un nuevo estudio de impacto ambiental para ambas instalaciones solares.

Sin embargo, los dos recibieron informes desfavorables del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Agricultura a finales del pasado mes de agosto debido a su “impacto muy relevante sobre la biodiversidad” al afectar a especies amenazadas y sus hábitats. Ya entonces se advertía de que los terrenos sobre los que se han diseñado las plantas fotovoltaicas forman parte de un área incluida dentro del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, una iniciativa aprobada por el gobierno autonómico en 2011 para aumentar el tamaño de población a especies amenazadas como el sisón, la ganga, la avutarda o el aguilucho cenizo.

Críticas al estudio de impacto ambiental

La empresa promotora de estas instalaciones reconocía en su estudio de impacto ambiental que ambos parques soleras “sí que se estarían invadiendo una zona catalogada como estratégica” para este tipo de ave esteparia, aunque para ello sostiene que su impacto se podría disminuir con una serie de medidas correctoras. Entre ellas, se comprometía a alcanzar acuerdos con los propietarios del suelo para que, al menos, se mantengan los cultivos de cereales en un 10% de la finca y no se inicien las labores de recolección hasta el 1 de julio de cada año.

Sin embargo, la administración autonómica cuestiona el estudio ambiental señalando, por un lado, que está basado únicamente “en fuentes bibliográficas” y, por otro, que es incompleto el análisis sobre la avifauna pues solo abarca nueve meses del año y no un ciclo anual. De hecho, le censura que en él no se haya detectado la presencia del aguilucho cenizo en la zona “pese a la nidificación la presente temporada de cerca de una decena de parejas” en un radio de tres kilómetros, tal y como detalla el informe de seguimiento ambiental del parque eólico Alíjar, situado en las proximidades de esta finca. Asimismo, advierte de que en el estudio no se tienen en cuenta “los posibles impactos acumulativos y sinérgicos con los parques fotovoltaicos en proyecto colindantes con los que compartirá infraestructuras de evacuación”.

Tras el primer informe ambiental desfavorable, la empresa promotora presentó un reformado de los proyectos que estuvieron expuestos públicamente a finales del pasado año. Sin embargo, la Junta ha vuelto a rechazar la propuesta ya que, a pesar de la nueva documentación entregada, la instalación seguiría teniendo un notable impacto sobre este hábitat. De este modo, insiste en informar de manera desfavorable a la autorización ambiental. Ahora bien, frente a esta decisión, que fue comunicada a la sociedad promotora en días pasados, hay posibilidad de recurrirla durante los próximos 15 días.

A día de hoy hay una decena de proyectos de plantas solares que han solicitado autorización previa a la Junta de Andalucía para poder instalarse. Dos ya se encuentran operativos, otros dos están en construcción, cinco tienen la licencia de obras concedida y siete ya cuentan con el permiso autonómico.