La asociación 'Hablamos Español' organizó ayer una recogida de firmas en Jerez -al igual que en las principales ciudades españolas- para "dar a conocer la realidad que se vive en las comunidades autónomas con dos lenguas donde los derechos lingüísticos de los hispanohablantes se vulneran sistemáticamente, tanto en la educación como en otros ámbitos". Con la recogida de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Proposición de Ley de Libertad de Elección de Lengua el colectivo quiere "lograr que se aplique en España una política de lenguas basada en los mismos principios que las normas vigentes en todos los países con más de una lengua en su territorio. Es decir, basada en la libertad de elección de lengua: elección de lengua vehicular en la enseñanza, bilingüismo en la Administración, y que no se prime el conocimiento de una lengua a la competencia profesional".

En Andalucía, 'Hablamos Español' cuenta con gran número de colaboradores, entre ellos, el sindicato de profesores de Secundaria APIA, cuyo presidente, Javier Puerto, estuvo ayer en Jerez. "Esto es un colectivo que parte de la sociedad civil, no hay ningún partido político detrás, y lo que queremos es que se reconozca lo que dice el artículo 3 de la Constitución, el castellano es la lengua oficial y la realidad es que esto no se cumple", subrayó Puerto.

Hay "trabas lingüísticas" para los profesores para acceder, por ejemplo, a una bolsa de interinidad

"Yo soy profesor y si quiero trabajar en alguna comunidad bilingüe resulta que soy discriminado si n tengo esos conocimientos del idioma", añadió.

"Un profesor gallego o valenciano se puede presentar a las oposiciones en Andalucía. Me parece perfecto. Pero sin embargo un profesor andaluz no puede presentarse a una bolsa de interinidad en Galicia o en Baleares, y mucho menos presentarse a unas oposiciones si no tiene legitimado y reconocido un título que acredite el dominio del idioma", argumentó el presidente de APIA.

Desde este sindicato denuncian "la discriminación que implica que los profesores de comunidades con lengua cooficial puedan optar a plazas en toda España, mientras que los profesores del resto del país tienen las puertas cerradas en Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Cataluña". "Esta traba lingüística no solo afecta a los profesores, sino a muchos otros colectivos y también a cualquier persona con hijos en edad escolar que, temporal o definitivamente, se traslada a vivir a las comunidades autónomas con dos lenguas, y no puede escolarizar a sus niños en español y que ve como su idioma desaparece del ámbito oficial", añadieron desde el sindicato.

"Pedimos libertad a la hora de elegir el idioma. No se trata de poner por encima el castellano, sino que estén en régimen de paridad, de igualdad. Se trata, en definitiva, de respetar la Constitución", subrayó Puerto, quien recordó que fue en los primeros meses del año cuando hubo otra gran recogida de firmas.

"Esto no es como change.org donde uno pone una 'firma' y da unos datos a través de internet. La recogida de firmas de hoy es mucho más oficial, es conseguir las firmas necesarias para una Iniciativa Legislativa Popular, los pliegos de firmas van sellados y numerados. Hay que conseguir un mínimo de 500.000 para que este proyecto sea aceptado en las Cortes y allí se debata y se vote por los partidos políticos", remarcó Puerto.

Los principios de 'Hablamos Español' son "la elección de lengua vehicular en la enseñanza, bilingüismo en la administración, no primar el uso de una lengua a la competencia profesional, apertura de la cultura a los creadores en ambas lenguas, y que los topónimos prohibidos en español vuelvan a a ser oficiales".