El magistrado presidente: "¿Está diciendo que en esta sala se está prevaricando?"

El presidente de la sala, Ignacio Rodríguez, rechazó las cuestiones previas que pretendían el sobreseimiento y archivo del caso asesores. Dicha decisión provocó no poca polémica entre los defensores. El magistrado presidente, junto a la magistrada ponente, Carmen Castrillón, y el magistrado secretario, Rafael Lope, decidió no dar cabida a la ‘doctrina Botín’ que las defensas deseaban aplicar. Estimó que en este caso en concreto el perjudicado no era solo el Ayuntamiento sino la totalidad de los jerezanos por la presunta contratación a dedo de unos asesores. Cobraba validez entonces la ‘doctrina Atutxa’, que sí permite el inicio de un juicio cuando sólo hay acusando una acción popular, tal y como es el caso mientras no hay acusación particular y el ministerio público tampoco ve delito.

El escrito de calificación de dicha acusación popular fue aún más allá. Ya en la primera sesión quedó claro que era un documento insondable que dejaba mermaba la capacidad de defensa de los abogados ya que no se sabía de qué se acusaba a cada uno de ellos y cuál era la pena que se les solicitaba. Fue éste el motivo por el que se decidió otorgar un receso al actual representante de dicha acción popular, el letrado Manuel Hortas (que no fue el autor del chapucero escrito de acusación), para que pudiera aclararlo en media hora. Al final fueron 55 minutos. La rehecha acusación (en la que no cupieron delitos nuevos pues se trató de una simple aclaración) se repartió a las partes. Y de nuevo se generó la polémica.

El debate previo fue intenso y en algunos momentos fuera de tono, como cuando el abogado José Manuel Jareño (representante legal de Francisco Gil) vino a decirle al tribunal que se había inventado un trámite para darle continuidad al juicio. Ni que decir tiene que, de forma automática, el magistrado presidente de la sala le preguntó acerca si estaba queriendo decir “que este tribunal está prevaricando”, lo que obligó a disculparse al letrado y explicar el verdadero sentido de su estentórea manifestación.

Sobre el polémico escrito de acusación, la conclusión a la que llegó el tribunal fue que el relato de los hechos estaba narrado en condiciones, de forma inteligible y clara, no así la solicitud de penas, que fue tildada por Ignacio Rodríguez de ser “un verdadero galimatías”. Pese a ello, y una vez aclarado por Hortas, no fue tal documento motivo suficiente para acometer suspensión alguna. La decisión de los magistrados provocó críticas en el banquillo de los acusados: “¡Que ya son cinco años de tortura!”, se oyó decir. Las críticas fueron acalladas rápidamente desde la presidencia. “¿Alguien le ha dado permiso para hablar a los acusados?”. El silencio fue inmediato. Un “perdón”, se oyó desde el banquillo en una voz femenina.

No acabó allí la polémica: los abogados defensores insistieron en que en una de las acusaciones, concretamente la de malversación, se desconocía el importe. La clave está en si la cuantía era inferior o superior a los 4.000 euros, límite legal que marca una pena u otra. “Ese déficit es insostenible para la defensa”, alegó Juan Pedro Cosano, defensor de Pilar Sánchez, quien llegó a destacar que el presunto delito de malversación seguía allí, en el nuevo escrito de acusación. “Si llegamos a una sentencia absolutoria... vale, pero si es condenatoria ¿cómo habré podido defender este caso si no sé qué se ha malversado?”.