El pleno municipal ha aprobado este viernes un primer paso para tratar de limitar la implantación de plantas de generación de energías renovables en las zonas de viñedos y su entorno. La propuesta contó con el respaldo de todos los grupos salvo del PSOE, que se abstuvo alegando que la propuesta carece de validez jurídica e, incluso, cuestionó su legalidad.

A la sesión se llevó un documento denominado ‘directrices y estrategias para la protección paisajística de los suelos calificados en el vigente PGOU como suelo no urbanizable con la categoría de especial protección-viñedos’. En él se argumenta que, actualmente, vigente planeamiento impide la implantación en de este tipo de instalaciones en zonas de viñedo, que están delimitadas. Sin embargo, estas plantas sí pueden construirse en los terrenos aledaños ya que son suelo rústico común, de ahí que se hayan podido construir instalaciones como el parque eólico de El Barroso, en el pago de Macharnudo.

La iniciativa plantea, por un lado, el compromiso del ejecutivo de elaborar un plan especial para la implantación de proyectos de energías renovables, un documento que en el Plan General aprobado en 2010 establecía entonces que era necesario, tal y como se hizo para regular la construcción de plantas eólicas a finales de la primera década de este siglo, pero que hasta el momento no ha llegado a elaborarse. Y, por otro, se establece una “moratoria” —aunque el PSOE ya advirtió de que esta figura no exista, sino que es una “suspensión de concesión de licencias”— de este tipo de instalaciones en las zonas de viñedos y una banda perimetral de 600 metros en su entorno durante los dos próximos años.

No obstante, y tras unas enmiendas presentadas por el grupo de La Confluencia (Izquierda Unida y Ganemos), se aprobó estudiar la posibilidad de ampliar a posteriori este perímetro de protección a los 2.000 metros y la inclusión otras zonas que no son de viñedo como son los parajes situados al norte de Cuartillos (Peñuela, Alcántara y Vicos) y en el entorno de Torrecera, donde se están tramitando o construyendo el mayor número de plantas fotovoltaicas en el término municipal jerezano en la actualidad.

De la Cuadra: “Es una propuesta en firme”

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, centró su intervención en defender la propuesta asegurando que esta es “la primera vez” que se lleva a pleno una “propuesta en firme” para limitar la implantación de este tipo de instalaciones en el Marco de Jerez. “Tenemos la obligación de defender nuestro proyecto”, sentenció.

Asimismo, justificó que se utilice este procedimiento basándolo fundamentalmente en el Convenio Europeo del Paisaje que data de principios de este siglo y que recomienda a las administraciones públicas a la formulación de "estrategias para el paisaje" en sus ámbitos competenciales. 

Por ello, la edil aseguró que, con esta propuesta, se está haciendo “proactivo” en la regulación de la implantación de instalaciones de generación de energías renovables. Además, incidió en la necesidad de adoptar medidas para regular su implantación "debido a determinados efectos no deseables, como pueden ser el impacto visual y la pérdida de valor del paisaje".

El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, durante su intervención.

Díaz: “Una chapuza y un mamarracho”

En cambio, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, fue especialmente crítico con el procedimiento planteado por el ejecutivo poniendo en duda, incluso, su ilegalidad y advirtiendo de que la moratoria aprobada conllevará una “inseguridad jurídica” que podría, incluso, provocar reclamaciones dinerarias por parte de los promotores. 

De hecho, Díaz no escatimó en calificativos despectivos sobre la propuesta. Así, de ella dijo que era un “engañabobos”, una ”chapuza” y un “mamarracho”. Y, acto seguido, advirtió de que la propuesta carece de los informes técnicos que la avalen —únicamente cuenta con un informe jurídico— y que la única alternativa viable, a su juicio, es presentar “un plan especial” y “no hacer una suspensión de licencias con cuatro folios”. “Eso es retorcer la legalidad y envolverse la ilegalidad para cumplir con una promesa electoral”, denunció.

Por su parte, Kika González, en representación de La Confluencia, tras presentar las enmiendas que realizó a la propuesta presentada por el gobierno, recordó que su formación lleva tiempo reclamando que se establezca una “moratoria” en Andalucía mientras se realiza un plan que establezca las zonas donde se pueden implantar este tipo de plantas. No obstante,

Finalmente, Ignacio Soto (Vox) se congratuló de que se vaya a proteger viñedo “aunque la propuesta venga tarde”.

El documento de estrategias estará ahora en exposición pública durante 30 días para la presentación de posibles alegaciones.