El comité prepara ya la batalla judicial para tumbar el ERE

El gobierno local sigue en sus trece. Como el que oye llover. Nueva reunión en la recta final del periodo de consultas del ERE municipal y nuevo fiasco para los representantes sindicales que defienden el futuro de los 300 trabajadores afectados por la traumática medida incluida en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento. Ni una posible ampliación del periodo de negociación que expira el próximo domingo 19, ni alternativas que eliminen los traumáticos efectos del expediente o que, al menos, reduzcan la lista de despedidos. "Ha sido una nueva decepción, no aceptan debatir nada que evite o minimice el ERE, no tienen voluntad de negociar nada", admitía ayer a este medio con no poca pesadumbre la presidenta del comité de empresa del Consistorio jerezano, Nieves Calvillo, tras el antepenúltimo encuentro -el jueves y el viernes se producirán las dos últimas reuniones- mantenido a lo largo de la mañana con Deloitte, representante legal de la administración local en la tramitación de los despidos colectivos.

A la vista de que la postura del ejecutivo popular en relación con el expediente sigue inalterable mientras concluye el periodo de consultas y se notifican los despidos dentro de los próximos 30 días contados a partir del lunes que viene, el comité ya no oculta que vela armas para la batalla judicial que se librará a partir de ese momento. Primero, explicó Calvillo, con la presentación de una demanda de conflicto colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que se registrará una vez que la autoridad laboral tenga conocimiento del fin del periodo de consultas; y posteriormente, de no fructificar el paso anterior, "llegaremos hasta el Tribunal Supremo si hace falta con tal de tumbar el ERE". "Nos quedan las reuniones de jueves y viernes, que serán dos días decisivos, pero de todos modos la pelea no acaba este viernes, acabará cuando el juez readmita al último afectado", mantuvo la representante de la plantilla. El argumento legal que presentará el comité insistirá, como advirtió Calvillo, en que las razones económicas que sustentan el ERE no se justifican, pues se asegura que hay alternativas de ahorro -supresión de gratificaciones y productividades, por ejemplo- e incluso un plan de empleo municipal que impediría seguir adelante con tan traumática decisión de los populares. Del mismo modo, también se estudia "a fondo" la posibilidad de denunciar que haya habido fraude o discriminación en el listado de afectados, así como la nulidad del periodo de consultas, "donde sin ir más lejos se ha montado sobre la marcha un plan de recolocación y formación".

Entretanto, la plantilla celebró por la tarde una nueva asamblea en el centro de servicios sociales de La Granja, en la que principalmente se informó del contenido del infructuoso encuentro mantenido con Deloitte y se decidió sobre la marcha desarrollar una acción de protesta en esta zona de la ciudad consistente en cortar el tráfico a la altura de la rotonda del motorista alado. Del mismo modo, informó a este medio Juan Manuel Sánchez Padilla, delegado de CCOO, las centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento también han acordado ultimar la elaboración y la pertinente presentación "en estos días" de un plan económico alternativo que frene la tramitación del ERE con una batería de medidas de ahorro en el Ayuntamiento. "En este periodo es necesario que ambas partes planteen de buena fe una salida negociada diferente a los despidos masivos, y los sindicatos estamos de acuerdo en que hay muchas posibilidades y lo vamos a demostrar. Posteriormente el juez preguntará si las partes hicieron el intento y, en este caso, se verá que desde luego el equipo de gobierno no ha estado por la labor", manifestó el sindicalista. También valoró la asamblea, con dos centenares de personas y de casi dos horas y media de duración, el representante de CTP, Juan Manuel García Hurtado, quien apuntó que "el plan con medidas alternativas es necesario para demostrarle a la opinión pública que hay otras alternativas que no pasan por el ERE y también de cara a la batalla judicial a la que nos están condenando". "La gente está cada vez más cabreada y desesperada, las protestas no van a parar esta semana", agregó.

Por su parte, el PP presentó ayer en el transcurso de la citada reunión con los representantes sindicales propuestas para los trabajadores afectados por el ERE, con las que se demuestra, a juicio del ejecutivo de García-Pelayo, "la voluntad política para mejorar las condiciones de los despidos incluidos en el expediente de regulación de empleo". En la reunión celebrada ayer entre el gabinete jurídico Deloitte y los representantes de la plantilla, en la que también estuvo presente el segundo teniente de alcalde y delegado de Personal, Javier Durá, se expuso que el Ayuntamiento de Jerez cumplirá con su obligación legal al firmar un convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando por los trabajadores de entre 55 y 61 años que serán despedidos por aplicación del ERE. A ello, comunicaron a los medios a través de una nota de prensa, se añade que para aquellos trabajadores próximos a la edad de jubilación, el Ayuntamiento a través de Deloitte hace una propuesta de mejora en dicha mesa de consultas, consistente en la ampliación de su obligación legal y, en consecuencia, ofrece cotizar también por los trabajadores despedidos hasta que cumplan los 65 años, por lo que se verían beneficiados de cara a su jubilación.

Al tiempo, en el encuentro se dio a conocer a los representantes sindicales que ayer mismo se aprobó en junta de gobierno local extraordinaria la adjudicación definitiva a la empresa Desarrollo Organizacional, Personas y Productividad SL, DOPP Consultores, la 'elaboración y ejecución del plan de recolocación externa', según exige la legislación vigente en la tramitación de cualquier ERE. Este plan de recolocación, que por ley debe tener un mínimo de seis meses de duración, se ampliará a ocho meses, con provisión de herramientas para enfrentarse en las mejores condiciones al mercado laboral y la intermediación ante potenciales ofertas de empleo.

La oferta elegida incide, además de en las medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajadores y búsqueda activa de empleo exigidas por ley, en aspectos como el apoyo a los afectados durante el periodo transitorio, la provisión de un abanico de herramientas técnicas para enfrentarse al mercado laboral, y el asesoramiento en la preparación ante posibles ofertas de empleo. Igualmente, Dopp ofrecerá a los trabajadores asesoramiento específico en la utilización de las nuevas tecnologías a la hora de acceder al mercado laboral así como una oficina de atención permanente.

Desde el gobierno local se quiso hacer hincapié, apuntó la nota informativa, en que "con esta adjudicación, se pone encima de la mesa una herramienta útil y efectiva al servicio de los trabajadores municipales, al tiempo que se dejan cubiertas las obligaciones legales al respecto". A ello se suma que el Ayuntamiento ha optado por ampliar este plan de recolocación con un plan de formación complementario, con el objetivo de "suavizar en la medida de lo posible los efectos que puedan tener en los trabajadores municipales el expediente de regulación de empleo planteado". También se destacó que "el objetivo es siempre el mismo, que los trabajadores afectados por el despido puedan volver a encontrar trabajo, cuanto antes y en las mejores condiciones posibles". La elaboración de este programa formativo correrá a cargo de personal municipal. En este sentido, Durá apuntó que "este Ayuntamiento no tiene medios económicos, pero sí la máxima voluntad de mejorar las condiciones de las personas afectadas por el ERE. Vamos a ampliar el plan de recolocación con medios propios y un plan de formación complementario, porque no tenemos recursos, pero sí personal cualificado y equipos expertos en distintas disciplinas". El citado plan se desarrollará utilizando recursos municipales, como son la unidad de formación del servicio de personal; o las instalaciones y el personal del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serji), de la Escuela de Negocios; y del centro de formación El Zagal. Es paradójico, como advirtieron desde el comité de empresa, que el gobierno local haya incluido en la memoria justificativa del ERE que una de las delegaciones más afectadas es Impulso Económico, con una plantilla sobredimensionada, y ahora se vaya a recurrir a ella para este plan de formación. "No entendemos de dónde va a salir personal para atender de forma individualizada a 300 personas", cuestionó Calvillo.