Viviendas ilegales en Jerez: un problema más complejo que la simple 'parcelita'

En 2022, una finca de más de 35.000 metros cuadrados en el paraje de Los Garciagos, en las inmediaciones de la urbanización de Montecastillo y del Circuito de Velocidad, comenzó a parcelarse. En cuestión de poco tiempo el terreno se perimetró con una valla, se hicieron viales interiores y se empezaron a instalarse casas, la gran mayoría prefabricadas, y a construirse piscinas. Actualmente, hay más de 50 edificaciones.

Años antes, empezó a ocurrir algo similar en La Pinaleta, un paraje situado junto a la carretera de acceso al Aeropuerto de Jerez. A día de hoy, hay más de una treintena de viviendas, la mayoría también prefabricadas y con piscinas, repartidas entre varias fincas que originariamente tenían entre 13.000 y 24.000 metros cuadrados de superficie y ahora están parceladas en su práctica totalidad. Y lo mismo ha ocurrido al norte de la entidad local autónoma de San Isidro del Guadalete, donde han aparecido nuevas parcelaciones, muchas de ellas con viviendas ya edificadas.

Estos tres enclaves son solo unos ejemplos de la proliferación de diseminados ilegales que se ha producido en los últimos años en distintos puntos del extrarradio jerezano. No son los únicos pues se ha detectado una elevada actividad en Pinosolete, Guadalcacín-Caulina, Estella, Puente de la Guareña, Magallanes o Nueva Jarilla, por citar algunos.

El fenómeno no es nuevo, claro está. De hecho, muchos núcleos rurales completamente urbanizados hoy día tuvieron este origen, ligado fundamentalmente a la actividad agraria, pero también a la recreativa —el tradicional 'campito' donde echar el fin de semana en familia—. Pero sí es cierto que lleva tiempo detectándose un repunte de la actividad parcelaria y constructiva, tal y como se reconoce desde la Delegación de Urbanismo.

Pero lo que más preocupa es que este problema endémico está empezando a tener una casuística aún más compleja. Desde no hace mucho se ha detectado la irrupción de empresas o más bien de sociedades con escaso vínculo al negocio tradicional del ladrillo así como de particulares que adquieren una finca rústica, la parcelan, hacen las obras para dar los suministros básicos (fundamentalmente agua y luz) e, incluso, instalan la casa prefabricada, una praxis que lleva implantada desde hace décadas en ciudades como Chiclana o El Puerto, con un elevado número de viviendas ilegales. Y, en muchos casos, ejecutando una promoción con sus calles y sus zonas comunes con una rapidez asombrosa saltándose, incluso, precintos que previamente habían sido colocados por la autoridad competente.

En conversación con este periódico, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, muestra su preocupación por la magnitud que ha tomado el problema en la campiña jerezana. Así, explica que es un fenómeno que siempre ha estado presente, con mayor o menor intensidad, pero ahora se está viviendo un "pico" al que se debe "poner freno" lo antes posible. Por ello, señala que este contexto es el que justifica que semanas atrás se aprobara el decreto con el denominado 'Plan específico de seguimiento del desarrollo urbanístico en suelo rústico en el término municipal de Jerez', un documento que lleva la firma de la alcaldesa, María José García-Pelayo, no por una cuestión baladí, sino porque con ello se pretende darle el máximo rango posible dada la magnitud del problema que se pretende atajar.

En él se marca una estrategia de disciplina urbanística para actuar contra la "proliferación de edificaciones irregulares y actos de parcelación" que, tal y como se reconoce en el documento, "ha superado cualquier previsión" desde 2018. Esta planificación es una continuidad al Plan de Inspección Municipal que se aprobó en diciembre de 2019, que sigue vigente, pero que se complementa ahora con uno específico para las viviendas ilegales en suelo no urbanizable. En él se establecen directrices para prevenir la implantación ilegal en suelo rústico como el establecimiento de recorridos de vigilancia, programas de seguimiento y agilización de los procedimientos.

De la Cuadra deja claro que el Ayuntamiento de Jerez nunca ha dejado de actuar o ha bajado la guardia frente a las edificaciones ilegales. De hecho, desde 2020 se han levantado una media de 50 actas al año que han derivado en expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad. En este año se llevan ya una treintena de actas levantadas. Es más, algunos de ellos han llegado al juzgado y ya cuentan, incluso, con sentencias firmes que ordenan el derribo y que deberán empezar a ejecutarse próximamente.

Sin embargo, la carencia de efectivos para llevar a cabo un mayor número de inspecciones, así como la compleja y larga tramitación de este tipo de expedientes —un expediente sancionador es competencia municipal, pero un derribo debe estar avalado por la justicia— hacen complicado una actuación con más celeridad y contundencia por parte de la administración pública. A ello, se une que, en muchos casos, se han detectado proindivisos escriturados ante notario, aunque algunos cuenten con anotaciones preventivas, una situación que provoca que el infractor tenga la sensación de que no está cometiendo nada ilegal.

Replanteamiento de la estrategia

Por lo tanto, el auge de parcelaciones y construcciones en los últimos años ha llevado a la Delegación de Urbanismo a replantearse la estrategia para, en una primera fase, "frenar" esta expansión y, con posterioridad, llevar a cabo un control y posterior seguimiento y supervisión de las medidas de restablecimiento de la legalidad.

Son varias las medidas ya puestas en marcha, según apunta la responsable de Urbanismo. Para empezar, en cuestión de días se va a reforzar el departamento municipal de disciplina urbanística con la llegada de cuatro nuevos funcionarios que se sumarán a los trabajadores con los que ya cuenta el área.

Asimismo, apunta que también se está trabajando de manera "estrecha" con la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que lleva años abriendo expedientes de protección de la legalidad por parcelaciones en el término municipal jerezano. De hecho, es habitual que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publique anuncios donde dan cuenta de procedimientos y citaciones por obras ilegales en suelo rústico que no han podido ser notificadas a los autores, otra dificultad añadida a esta compleja problemática y larga tramitación de un expediente de estas características.

Junta y Ayuntamiento ya están trabajando "de la mano", según la edil, con actuaciones coordinadas y con un reparto de acciones para que no haya solapamientos en las inspecciones. También se está en contacto con la Fiscalía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para este tipo de acciones de vigilancia. Y se ha puesto especial énfasis en tratar de concienciar a las empresas y grandes firmas comerciales que venden viviendas prefabricadas que deben pedir y advertir a sus clientes que necesitan de la licencia municipal cuando se adquieran este tipo de inmuebles portátiles.

No cabe duda que en la génesis de este fenómeno hay una "falta de concienciación" ciudadana de los problemas ambientales y urbanísticos que genera la tradicional 'parcelita' en el campo. Pero también se está detectando que hay casos donde el problema tiene un origen delictivo. Urbanismo sospecha que el blanqueo de dinero también ha contribuido a esta proliferación de viviendas ilegales dado que cada vez hay un mayor control de los pagos en efectivo. Esto está conllevando, además, que en algunos casos puntuales se esté empezando a generar problemas de convivencia en enclaves donde no los había.

El plan de seguimiento, que ya está en vigor, tiene una vigencia de tres años y cuenta con una comisión de seguimiento que deberá hacer un informe anual sobre su grado de cumplimiento. De la Cuadra afirma sobre la finalidad de esta estrategia: "Esto no es una persecución de la administración a unos particulares, sino que es una defensa de nuestro territorio, que es de todos". "No es una cuestión de poner multas para sacar dinero, porque es una cuantía irrisoria en un presupuesto como el del Ayuntamiento de Jerez, es un asunto por el bien de todos", concluye.