En 2001, Pedro Pacheco adoptó la decisión de endeudar hasta el extremo a la sociedad pública Cirjesa para cumplir con las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Previamente, en una carta remitida por Juan Álvarez, que en 2000 era presidente de la Federación Española de Motociclismo, le instaba a acometer mejoras en el trazado tales como un nuevo edificio de 'boxes' de mayor amplitud y capacidad para que pudiera albergar "los servicios necesarios para la celebración de grandes eventos", la construcción de un 'paddock' anexo a este nuevo edificio "con una capacidad aproximada del doble de la existente y equipado con los correspondientes servicios (hospital, helipuerto, etc), así como el asfaltado de pista y la revisión de las medidas de seguridad del trazado. Para meter presión, el presidente de la federación, que años después pasó al 'staff' técnico del circuito, le advertía al regidor: "La creación de nuevos circuitos y, en concreto, dos en España, así como la nueva remodelación del circuito de Estoril, hace del todo imprescindible esta renovación y ampliación de distintos servicios en su circuito para estar a la altura de la tan amplia competencia que le rodea". Acto seguido, señalaba que, en el caso de no acometer la remodelación, la federación española se vería "sin argumentos" para defender ante la internacional el mantenimiento de la prueba en Jerez. Poco después, se redactó un ambicioso proyecto de obras cuyo presupuesto final alcanzó los 28,5 millones de euros, incluyéndose actuaciones que no estaban en las exigencias de la FIM, tal y como denunciaron algunos consejeros de Cirjesa en aquellos años. Aunque la actuación sirvió para que Jerez contara con un circuito del siglo XXI, también supuso la ruina para la sociedad pública que entró en quiebra técnica.

Tras las elecciones de 2003, el PP de María José García-Pelayo y el PSA de Pedro Pacheco firmaron un pacto de gobierno. Sin embargo, a mediados de 2004 y con el acuerdo político a punto de romperse, la regidora paralizaba una operación que se había fraguado meses antes por su socio para tratar de salvar las cuentas de la sociedad mediante una reducción y posterior ampliación de capital (operación acordeón). El problema de la sociedad se acrecentaba.

Pocos meses después, se producía la moción de censura que le arrebataba la Alcaldía a favor de Pilar Sánchez. La socialista tomaba las riendas de un circuito y ponía sus esperanzas en el aterrizaje de la Junta en el accionariado del trazado para eliminar los números rojos. Pacheco siempre había denunciado que el organismo autonómico no había querido participar por una cuestión "personal" contra él, aunque los socialistas locales siempre le recordaron que en los noventa fue él quien rompió el principio de acuerdo para que la administración regional se hiciera accionista mayoritario del circuito.

Ni siquiera el aterrizaje de la Junta, ocurrido en 2008, propició que la situación contable de Cirjesa mejorase. Todo lo contrario. La sociedad apenas tenía ingresos, el canon de Gestión Circuito de Jerez (unos 450.000 euros anuales), por lo que dependía de las pocas transferencias que le hacía el Ayuntamiento para poder hacer frente a los débitos con las empresas que ejecutaron la remodelación, la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por FCC Construcción SA y Servicios y Obras Jerezanos SA. En 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fallaba a favor de estas constructores ordenando al Consistorio a consignar crédito para hacer frente a un débito que ascendía a unos 30 millones de euros. Tras esto se firmó un acuerdo entre las constructoras y Cirjesa para abonar la deuda en un plazo de siete años. Sin embargo, el PP decidió en 2012 incorporar este adeudo al plan de pago a proveedores, una decisión que supuso que Cirjesa liquidara con las constructoras a cambio de asumir otra deuda de 10 millones de euros con el Ayuntamiento por el préstamo suscrito, un acuerdo que fue cuestionado por la oposición dado que se le reconocía toda la deuda a la UTE cuando previamente se había acordado una quita del 50%.

En 2011, y como medida para evitar el embargo de sus bienes dado que las constructoras reclamaron el embargo de los bienes del circuito al no haberse ejecutado la sentencia de 2007, se declaró la empresa en concurso de acreedores, una situación en la que permanece en la actualidad. El próximo día 10 se celebrará una junta de acreedores para tratar de acabar con este procedimiento.