La Justicia condena al Estado a recalcular el valor de la expropiación de Rumasa 40 años después

Rumasa vuelve a ser noticia 40 años después de su expropiación al hilo de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que condena al Estado a recalcular el justiprecio por la incautación de los bienes del holding de la abeja "por razones de utilidad pública e interés social", según justificó entonces el Gobierno español.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Supremo, ordena al Estado a tramitar un expediente para determinar el justiprecio de la expopiación, es decir, el valor que tenía el mayor grupo empresarial por aquellos años en España, con unas 700 sociedades y 60.000 trabajadores.

De esta manera, la justicia estima estimado el recurso de los Ruiz-Mateos frente al Ministerio de Hacienda, que desestimó la solicitud y ahora le obliga a recalcular dicho justiprecio, "teniendo en cuenta la totalidad de las acciones o participaciones sociales" del grupo empresarial.

La viuda de José María Ruiz-Mateos, Teresa Rivero, actuando en su nombre y en beneficio de los expropiados socios de Rumasa, reclamó al Estado esa determinación definitiva del justiprecio por la expropiación que se llevó a cabo en el año 1983.

La sentencia recoge que la familia defiende que el valor del 'holding' llegaba a los 13.712 millones de euros, pero el director general de Patrimonio del Estado inadmitió la reclamación asegurando que el justiprecio era "cero euros" por acción, argumentando en "aras de la seguridad jurídica" que la cuestión ya estaba juzgada y "confirmada de forma reiterada" por el Tribunal Supremo.

La Abogacía del Estado también apoyó esta tesis e incidió en que se fijó un valor neto patrimonial negativo de más de 260.000 millones de pesetas en el momento de la expropiación, algo que también recoge la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de noviembre que, según sostiene, "no impuso que se determinase definitivamente el justiprecio".

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamina que, de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, "ha de procederse a una nueva valoración de las acciones de Rumasa a la vista del balance consolidado del grupo" pues, apunta el TSJM, "las resoluciones recurridas no son conformes a derecho, procediendo la retroacción de las actuaciones para la admisión de la solicitud de la recurrente".

En un comunicado, los hijos de José María Ruiz-Mateos, beneficiados por esta sentencia, manifiestan que su voluntad "es poner el justiprecio a disposición de los perjudicados por las emisiones de pagarés que decidió su padre", y por las que ellos van a ser juzgados en la Audiencia Nacional, a fin de que cobren sus créditos.