Honduras cerró 2009 con tres presidentes: el derrocado Manuel Zelaya, el de “facto”, Roberto Micheletti y el electo Porfirio Lobo.

Este hecho tuvo su origen en el golpe de Estado contra Zelaya, a quien los militares enviaron en avión a Costa Rica el 28 junio, a siete meses del fin de su mandato, por promover una consulta orientada a reformar la Constitución pese a tener una prohibición legal. Ese mismo día fue sustituido por Micheletti, hasta entonces presidente del Legislativo. 

El golpe de Estado sumió a Honduras en una crisis política, social y económica, además del aislamiento por parte de la comunidad internacional, y provocó una profunda polarización al extremo de dividir a familias, amigos y otros grupos por estar a favor o en contra. 

El presidente depuesto, quien desde el golpe estuvo en el exilio, regresó de manera inesperada el 21 de septiembre y se refugió en la Embajada de Brasil, desde donde siguió insistiendo en su restitución.

Desde el golpe de Estado hasta finales de noviembre se contabilizaron oficialmente cinco muertos relacionados con la crisis política, aunque organismos defensores de los derechos registraron al menos una veintena en situaciones no esclarecidas. También se denunció la detención de cientos de personas, torturas y otras violaciones de derechos humanos de seguidores de Zelaya.

Finalmente, el conservador Porfirio Lobo ganó las elecciones del 29 de noviembre por una amplia mayoría y, unos días más tarde, el Parlamento ratificó el decreto que aprobó en junio para destituir a Zelaya, quien culpó a EEUU de asumir “una posición ambigua en torno al golpe”.

El 28 de enero de 2010, Lobo, que ese día asumía la Presidencia, acompañó a Zelaya al aeropuerto para exiliarse en la República Dominicana en virtud de un salvoconducto negociado tras la cita electoral. 

Más al sur, en Colombia, aunque su presidente, Álvaro Uribe, dio pasos para restaurar las relaciones diplomáticas con Ecuador, rotas en 2008 a causa de un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en ese país, la situación se agravó con Venezuela. En agosto, cuando se hizo público el acuerdo militar que Bogotá negociaba con Washington, por el que EEUU podrán usar bases colombianas para luchar contra la guerrilla y el narcotráfico, el presidente venezolano, Hugo Chávez, congeló las relaciones políticas y comerciales con Colombia. Fue el inicio de una grave crisis, alimentada por los gritos de guerra de Chávez y que en la frontera colombiana ha provocado la pérdida de 170.000 empleos, según el Gobierno.

Para Uribe, Venezuela mantiene un “embargo ilegal” contra Colombia, dado que ese país ha sido históricamente el principal comprador de productos colombianos, pero Chávez insiste en que él puede comprar a quien quiera.

La tensión llevó a la destrucción de tres puentes entre ambos países por parte de los venezolanos, a la muerte de una docena de colombianos en el país vecino y a una gran pérdida para Colombia. Además, Bogotá insiste en que Venezuela cobija a guerrilleros.

Por contra, Chávez, que ganó en febrero el referéndum que le permitirá buscar una segunda reelección en 2012, considera que ese acuerdo militar es “un plan de guerra contra Suramérica”, opinión que no es compartida por todos los países del continente en esos términos, pero que en general no ha gustado a la región.

Pero éste no deja de ser un nuevo episodio en la turbulenta relación entre los dos países, que se quedan periódicamente sin embajadores, y que sirve, en opinión de los analistas, a ambos mandatarios para eclipsar sus problemas internos.

Sin embargo, no ha sido el único conflicto bilateral del año en el continente entre dos vecinos ‘enemistados’. A mediados de noviembre, Chile y Perú se enfrentaron nuevamente por un caso de espionaje que tuvo como trasfondo el litigio fronterizo bilateral, además del proceso de compra de misiles y aviones de guerra estadounidenses por parte de Santiago. La supuesta acción de espionaje de Chile, que esta nación negó, fue la cuarta de este tipo que ha confrontado a ambos países este año, periodo en el que justamente Perú llevó el desacuerdo limítrofe a la Corte de Justicia de La Haya.