El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha absuelto a los seis empresarios acusados de crear una trama fraudulenta de cursos de formación en Chiclana hace ahora trece años mediante subvenciones estatales y europeas.

El magistrado titular del referido juzgado, Juan Sebastián Coloma, ha dictado una resolución exculpatoria al considerar que en el presente caso no concurre el delito contra la Hacienda Pública planteado por la Fiscalía en su escrito de acusación. Según el juez, la causa no da lugar a este tipo penal por dos razones: una, las cantidades defraudadas, que no superaron los 80.000 euros que exigía la ley al momento de los hechos (2003 y 2004); la segunda, porque los implicados no engañaron a la administración "falseando las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda", si bien es cierto que se produjeron ciertas irregularidades en lo referente a la asistencia real de los alumnos a los cursos y la posterior concesión de los títulos acreditativos de los mismos. Estas anomalías, apunta el juez, "no implican en absoluto un fraude".

hechos probados

La resolución judicial contempla como hechos probados que tres de los procesados gestionaban el Centro de Estudios Sócrates (CES) en Chiclana, una empresa que se dedicaba a impartir cursos de formación de distintas materias.

En 2003 la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FORCEM), dentro del III Acuerdo Tripartito de Formación Continua en el Empleo, convocó una serie de cursos subvencionados a cargo de fondos en su mayor parte estatales y, en menor medida, de la Unión Europea.

La sentencia expone que el Centro de Estudios Sócrates, como ya venía haciendo anteriormente, se aprovechó del nicho de empleo que generaban estas subvenciones a través de la siguiente dinámica: los comerciales de CES contactaban con entidades de distintos sectores y les proponían formar un conjunto agrupado de empresas para obtener la formación subvencionada, de modo que, una vez conseguidos suficientes alumnos, una de las sociedades solicitaba la ayuda a través de CES, que actuaba como coordinadora. Recibida la subvención por la entidad solicitante, CES realizaba las acciones docentes (que se cobraban de dicha ayuda), controlaba la asistencia de los alumnos al curso, los evaluaban y entregaba los títulos. Además, CES debía remitir toda esta información a FORCEM y hacer constar los posibles abandonos de alumnos y las inasistencias, ya que en caso de no cubrirse un mínimo de beneficiarios, había que devolver una parte de la subvención.

Con esta dinámica, prosigue la resolución, CES cerró acciones formativas con tres empresas: El Jardín, dedicada a la hostelería; Breti, especializada en labores de limpieza; y Epsilon Lambda, enfocada también al área formativa.

El Jardín, que obtuvo una subvención de 30.854 euros, y Epsilon, que recibió 74.212, fueron receptores de una serie de cursos que, efectivamente, se impartieron, aunque no todos los alumnos previstos asistieron a ellos o los recibieron en su totalidad y, sin embargo, consiguieron el diploma acreditativo. En ambos casos "no se ha determinado el porcentaje de la subvención que debería haberse devuelto a FORCEM de haberse puesto de manifiesto la realidad de dichas faltas de asistencia".

La empresa Breti, a la que le fue otorgada una subvención de 40.795 euros, no fue beneficiaria de "en absoluto" de ninguna acción formativa. "Breti no tenía la más mínima intención de realizar curso alguno, ninguno de sus trabajadores lo hizo [...] y el empleado encargado de darlos falseó la documentación", tanto los partes de faltas como la evaluación de los cursos. A pesar de ello, el titular de Breti se quedó con un 10% de la ayuda.

Así pues, de las tres subvenciones públicas concedidas, sólo la de Breti se habría logrado ilícitamente, pero al ser de una cuantía inferior a la establecida por la ley para considerarse fraude, no se incurre en ningún delito, argumenta el juez.