En el año 2005, las sociedades Dehesa Norte y Comunidades del Sur presentaron su proyecto para Las Aletas. Entonces, nadie había caído aún en la cuenta de que se trataba de un proyecto estratégico para Andalucía ni de que el suelo debía tener un claro interés autonómico.

En aquella época, los propietarios legítimos del terreno simplemente tuvieron la idea de poner en valor lo que el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Puerto Real ya preveía, el desarrollo de un simple polígono industrial de 120 hectáreas. Sin mayores pretensiones.

El proyecto fue redactado por un equipo de prestigiosos y reconocidos profesionales y fue entregado al Consistorio. Sin embargo, como hoy aún recuerdan desde Comunidades del Sur, la Junta de Andalucía se puso en medio. En ese instante, la Administración comprendió que tenía ante sí la oportunidad de poner en marcha algo más grande y más importante que un simple polígono al uso. En ese instante se originó el germen del ya conocido interés autonómico, el que ha quedado en nada casi ocho años después.

El proyecto de estos propietarios contemplaba espacio para naves industriales, para ocio e incluso, para zona deportiva que iría enclavada en la parte de dominio de Costas. Pero aquella inversión quedó en nada. No obstante, aseguran desde Comunidades del Sur que, si tuvieran la oportunidad, hoy volverían a hacerlo.

Lo tenían todo planeado. La comunidad de propietarios la formaban unas 20 personas, además del Ayuntamiento, la Diputación y la propia Costas. La superficie sobre plano abarcaba un millón y medio de metros cuadrados. En el estudio económico financiero del proyecto, se explicaba que "la ejecución del programa de actuación urbanística corresponde a los propietarios afectados constituidos en junta de compensación, quienes llevarán a cabo a través del sistema de compensación, las expropiaciones que fueran necesarias -ellos ya lo contemplaban-, el planeamiento inicial de desarrollo, el proyecto de urbanización y la ejecución de las obras".

Además, y curiosamente coincidente con el análisis que hizo años después el Consorcio Aletas, el proyecto de los propietarios aseguraba que "las previsiones contenidas en el Plan Estratégico del Puerto de la Bahía de Cádiz, sus repercusiones en el Bajo de la Cabezuela y la inmejorable posición de este área hacen predecible un buen resultado de la puesta en el mercado de las previsiones de este programa de actuación urbanística, que en definitiva es la de suelo para 310.000 metros cuadrados de techo para uso industrial y para 108.000 metros cuadrados de techo de uso terciario".

Y añadía: "El suelo susceptible de aprovechamiento será posible cuantificarlo a partir de que el planeamiento parcial defina los usos pormenorizadamente, aunque a los efectos de este trabajo podemos cifrarlo en 670.000 metros cuadrados, diferenciando unos 450.000 metros cuadrados para uso industrial y 220.000 metros para uso terciario". Todo, tenía un coste previsto de 44,9 millones de euros.

Exactamente, este proyecto ideado hace años, contemplaba 371.950 metros cuadrados para un parque empresarial industrial; 121.772 metros para un centro de transporte; 242.054 metros para un parque comercial de ocio y recreativo; 13.450 metros para el equipamiento que ya existía; 319.803 metros para espacios destinados a usos públicos y otros usos dotacionales; 166.477 metros para espacios libres de protección de infraestructuras; 127.689 metros para zona de reserva para la solución del entronque con futuros desarrollos; y 147.081 metros para la red viaria básica. Todo estaba previsto y planeado.

Hoy, muchos años después, se dan circunstancias tan paradójicas como que los propietarios del terreno tienen el documento en el que la Junta de Andalucía les indemnizó por ocupación ilegal de los terrenos entre los años 2007 y 2009, cuando ya incluso se había realizado la primera expropiación. Entonces, uno de los propietarios recibió 290.000 euros. Sin embargo, llegó la segunda expropiación, para sorpresa de todos, porque ya por entonces la Junta era la dueña de los terrenos. Se expropió a sí misma.

Hoy, Ancha Asesores es el bufete de abogados que representa los intereses de los propietarios minoritarios. Ellos ganaron el primer recurso contra la Junta en el año 2005. Ya por entonces, según la representación legal, quedó claro el mensaje de que las cosas no podían hacerse de esa forma. Todo ha llevado a que hoy, años después, los propietarios tengan que esperar, simplemente, a que se ejecute la sentencia publicada ayer por este periódico, bien porque la Junta no recurra ante el Supremo, o bien porque lo haga y pierda.

Fuentes jurídicas explicaron ayer a este periódico que la "secuencia lógica" de los acontecimientos que deberían ocurrir a partir de ahora en Las Aletas la forman cuatro patas: la primera, la devolución del terreno a sus propietarios; a continuación, indemnizarlos por ocupación ilegal; en tercer lugar, desarrollar el polígono industrial como tal de 120 hectáreas; y, por último, la disolución del Consorcio Aletas porque, entienden, no tiene sentido después de las sentencias emitidas al respecto.