El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, anunció ayer que la Policía Nacional llevará a la Fiscalía toda la documentación que obra en su poder sobre los destrozos ocurridos en el puente Carranza durante las protestas que los trabajadores de Navantia llevaron a cabo el martes y el miércoles pasados. La idea es que en base a esa documentación la Fiscalía decida si emprende o no acciones legales contra los autores de unos destrozos cuya cuantía el Gobierno ha elevado finalmente hasta los 150.000 euros.

De Torre explicó que esos "actos vandálicos" no sólo han dejado inservible el carril reversible -que en principio puede estar fuera de uso aún una semana más- sino que también han ocasionado destrozos en todas las cámaras, además de la desaparición de señales de tráfico y quitamiedos y que quedara sin funcionamiento los cables y sistemas electrónicos de todo el puente, con los problemas añadidos que todo ello conlleva para la seguridad vial.

A la vista de estos hechos, el subdelegado aseguró que esta situación "no se volverá a repetir" porque desde su cargo "tengo la obligación de garantizar la circulación y la seguridad de todas las personas". "Una cosa es el derecho constitucional que tiene cualquiera a manifestarse y otra muy diferente es la que hemos visto esta semana, que es impropia del siglo XXI", dijo.