La concejalía de Urbanismo, dirigida por Leocadia Benavente, ha ordenado a la empresa Construcciones Chiclana 2000 S.L., propietaria del edificio construido de forma ilegal en la Finca Los Pinos, "la demolición de las obras sin finalizar consistente en edificio de dos plantas realizados con estructura de hormigón y fábrica de ladrillo de aproximadamente 654 metros cuadrados". La finca Los Pinos se encuentra en la carretera de Fuentebravía, frente al centro comercial de Vistahermosa. La responsable de Urbanismo ha dado un plazo de dos meses para proceder la demolición del edificio, pasado los cuales "se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras demolición". Así lo ha dado a conocer en un comunicado Ecologistas en Acción (EA).

El edificio se construyó en 1998, cuando dicha empresa adquirió la finca, declarada no urbanizable por su interés forestal, ya que estaba cubierta por un bosque de pinos y un denso matorral de sabinas, lentiscos y sanguino. Los responsables de la empresa desbrozaron el matorral, "dejando el bosque muy deteriorado, e iniciaron la construcción de un edificio de más de 600 metros". EA denunció los hechos ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que sancionó a la empresa con 60.000 euros y la obligación de repoblar la finca, cosa que no hizo.

El Ayuntamiento de entonces se negó a abrir expediente sancionador, "y además en 2003 firmó un convenio, apoyado por IP y PSOE, con la empresa propietaria para construir 326 viviendas, un hotel y un centro comercial". Las denuncias y alegaciones de Ecologistas al nuevo PGOU consiguieron que la Junta desestimara el convenio y marcara en la Declaración de Impacto Ambiental todo el pinar como suelo protegido, "aunque el PGOU excluyó al edificio ilegal de la zona protegida, declarándola suelo urbanizable".

El Ayuntamiento se vio también obligado a incoar los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, "aunque de tan mala gana que todo el proceso ha sido, adrede, una inmensa chapuza que ha llevado a que varias veces caduque el expediente por negligencia en las actuaciones e, incluso, a que el TSJA anulara la primera orden de demolición por haber sido firmada por la anterior concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, sin tener competencia para ello, ya que tenía que haberla firmado el alcalde. No sabemos si estamos ante una repetición de la jugada", advierten.

La última vez que caducó el expediente fue en junio de 2014, y de nuevo se reabrió a instancias de EA. Ecologistas se dirigió al alcalde Alfonso Candón exigiendo que se procediera a la apertura de un nuevo expediente de protección de la legalidad sobre las obras denunciadas "dado que no se estaban finalizadas, y por tanto no había prescrita la acción sancionadora". Asimismo solicitaron a Candón que se exigieran responsabilidades por permitirse la caducidad del expediente. "El expediente se reabrió y culmina ahora con una nueva orden de demolición, que esperemos se cumpla lo antes posible. A la exigencia de responsabilidades, nunca contestó".