La sesión de pleno ordinario celebrada en la tarde de ayer se desarrolló una vez más entre las protestas de un grupo de trabajadores que se concentraban en la plaza del Polvorista, algunos de ellos pertenecientes a concesionarias de servicios municipales por los continuos impagos que están sufriendo. También se encontraban allí concentrados los trabajadores de la empresa Ojelosa, que llevan ya seis meses sin cobrar, así como los ex trabajadores que fueron despedidos del centro de Recepción y Reciclaje.

Las protestas de colectivos de trabajadores a las puertas de la Casa Consistorial se habían parado tras solucionarse la última huelga del servicio de recogida de basuras, pero tras el último desencuentro entre los sindicatos y el equipo de gobierno, parece que a partir de ahora serán la tónica habitual.

En la sesión de ayer se aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 546.945 euros, con cargo al presupuesto de 2011, para atender diversas cuestiones, entre otras cosas una serie de sanciones que la Junta de Andalucía impuso al Ayuntamiento entre los años 2005 y 2006, durante el gobierno de Independientes Portuenses y PSOE, tras la ejecución de distintas obras sin permiso de la Consejería de Cultura. En este punto el edil de IP Antonio Díaz quiso aclarar que "de los más de 546.000 euros del expediente, solo 106.389 euros pertenecen al anterior gobierno", señalando que los 450.000 euros restantes son responsabilidad del gobierno actual. Sobre este asunto, la edil de Economía y hacienda, Leocadia Benavente, señaló que ese dinero se emplea ahora dentro del normal funcionamiento municipal, mientras que el dinero destinado a las multas sí podría haberse evitado. Incluso dijo la edil que se había estudiado la petición de responsabilidades técnicas por la imposición de dichas sanciones, aunque se ha preferido no mover más el asunto ya que esas responsabilidades ya habrían prescrito.

Sobre este mismo asunto, el gobierno local ha remitido una circular a todos los servicios municipales para que en el caso de recibir expedientes sancionadores de otras administradores se tramiten inmediatamente en lugar de guardarse en un cajón, como al parecer ocurrió con las sanciones a las que ahora ha habido que hacer frente.

En la sesión de ayer se abordó también la propuesta de concesión de un año de prórroga a la gestión del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR) a la empresa Cespa Contén, así como la aprobación del plan de explotación de las instalaciones. La oposición en bloque (PSOE, IU e IP) se opuso a la aprobación de este punto al considerar que el nuevo contrato, que pasa de un canon anual de 700.000 a 400.000 euros, supondrá un recorte de los servicios en materia de reciclaje, recortándose además la plantilla de trabajadores eventuales. En este punto Izquierda Unida solicitó además el informe que está elaborando Intervención sobre supuestas irregularidades en el servicio, un informe que a día de hoy no está terminado, según el equipo de gobierno. Entre otras cosas el nuevo contrato suprime el servicio de recogida puerta a puerta, que funciona en sedes municipales y colegios, así como los refuerzos. La edil de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, anunció que el área comenzará a elaborar en breve un nuevo pliego de condiciones para este servicio.