La situación financiera de los ayuntamientos de la provincia continúa dando señales de hasta dónde ha llegado la crisis. Muchos de ellos tienen acuerdos con el Ministerio de Hacienda o la Seguridad Social para regularizar situaciones de impagos y evitar, si no en todo al menos en parte, que se les retenga las conocidas PIE (Participación en los Ingresos del Estado), una cantidad que llega mensualmente a cada municipio desde el Estado y que, en la mayoría de los casos, son la fuente de la que beben las nóminas.

Sin embargo, y pese a esos acuerdos, el paso de muchos meses con los ingresos restringidos en todo o en parte, ha hecho que algunos de los máximos responsables municipales digan basta. Lo hizo en su día el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE) y lo ha hecho ahora el regidor de Puerto Serrano, Francisco Javier Galvín (IU).

Ayer cumplió su segundo día de encierro para reclamar ayudas de las administraciones superiores ante la asfixia financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento. El regidor polichero recibió, a lo largo de la jornada, numerosas muestras de solidaridad y respaldo de trabajadores municipales, alcaldes de varias provincias, sindicatos y representantes políticos. El alcalde recibió el apoyo de representantes sindicales de UGT o de Pedro Barrera, coordinador provincial del SAT, que pasó la noche del miércoles en el encierro, además de alcaldes como el del municipio de Cortes, en Málaga, que se puso en contacto para explicarle que otros pueblos viven una situación parecida.

Francisco Javier Galvín, que lleva ocho meses en el cargo, requiere de las administraciones medidas excepcionales para atajar la grave situación económica por la que atraviesa el Consistorio, que debe a unos 130 trabajadores municipales una media de seis nóminas.

También pide un plan especial para este pueblo castigado por una tasa de paro del 40%, en el que muchos habitantes han buscado refugio en la institución municipal como último sostén para poder pagar el agua, la luz o comida. Así que el alcalde agradeció las muestras de cariño y aceptó de buen grado la propuesta lanzada por el coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas, que plantea "crear una mesa de trabajo en la que se integren Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y el ayuntamiento en cuestión de cara a intentar buscar fórmulas económicas que garanticen al menos las nóminas de los trabajadores y la viabilidad de ayuntamientos como el de Puerto Serrano". El dirigente provincial de IU afirma que el Ayuntamiento de Puerto Serrano "necesita de unas ayudas como se ha hecho con otros ayuntamientos de la provincia, como se hizo en su momento con La Línea o Los Barrios".

Otro municipio cuyo Ayuntamiento pasa por momentos difíciles es el de Barbate. Ayer, las secciones sindicales UGT y CCOO informaban de que la convocatoria de huelga indefinida prevista para el día 15 se aplaza al día 22 ante la expectativa de cobrar las nóminas atrasadas. En un comunicado conjunto, las secciones sindicales explicaron que la decisión de aplazar la huelga se acordó tras la reunión mantenida ayer en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), donde se mantendrá una nueva reunión el día 22 a fin de dar una solución definitiva al conflicto.

Según señalaron, lo que están reclamando es "acabar con el sufrimiento" que padecen las familias de los empleados municipales "desde hace más de siete años con el impago continuo de los salarios". Por ello, exigen el abono de las nóminas atrasadas, señalando que la documentación aportada por el Ayuntamiento en dicho acto de conciliación "no garantiza, en principio, el cobro de las nóminas". Apuntan que ese es el motivo de que no puedan proceder a la "desconvocatoria total" de la huelga.

Los trabajadores municipales aprovecharon para pedir "disculpas" a los barbateños por las molestias que puedan originar sus movilizaciones. En cualquier caso, piden "comprensión" ante la situación "dramática" que atraviesan tras años acumulando impagos.

En definitiva, como se aprecia en la tabla adjunta, hasta el pasado mes de noviembre, los 44 ayuntamientos de la provincia de Cádiz debían haber recibido de la PIE un total de 257,2 millones de euros, pero tan sólo llegaron 175,3 millones, el 68,1% del total. Entre todos siguen destacando municipios como Barbate, Los Barrios o Tarifa que, en todo el año, no han podido disponer de un solo euro procedente del Estado. Además, en el caso del Campo de Gibraltar, las difíciles situaciones que viven ayuntamientos como el barreño o el de La Línea no se han visto solucionadas a pesar de los acuerdos a los que llegaron en su día con Madrid. Así, La Línea recibió un adelanto de la PIE de 15 millones de euros y Los Barrios, otro de 4,5 millones.

Pero, además, hay otros muchos consistorios que tienen retenidos sus ingresos estatales en diferente porcentaje, que va desde un tercio a tres cuartas partes de lo que en realidad deberían percibir.