El Tribunal Supremo ha notificado al Ayuntamiento de Rota y al titular de la vaqueriza de la avenida La Matea “el fallo de una sentencia firme que pone punto final a más de seis años de litigio” estableciendo que “lo que procede es su desmantelamiento en el plazo de 15 días”, según ha informado el Gobierno local del PSOE.

Dicha resolución judicial es “clara” al considerar que “el acuerdo del Ayuntamiento ordenando el cierre de la actividad ganadera es conforme a derecho por carecer de autorizaciones administrativas necesarias y estar ocasionando graves problemas de salubridad a los vecinos que residen en las inmediaciones”.

El equipo de Gobierno recuerda que “esta batalla judicial emprendida por el ganadero que ahora se cierra de forma infructuosa para él tiene su origen en un acuerdo adoptado en el mes de marzo de 2015 por el entonces Gobierno municipal del PP, que acordó el cierre de la explotación”, una decisión que el propietario recurrió por la vía contencioso-administrativa. “Esta sentencia abre un nuevo escenario, donde ya no cabe discutir más sobre si la ganadería se tiene que quitar o no, sino que lo que procede es su desmantelamiento en el plazo de 15 días”, asevera indicando que contra la resolución “no cabe recurso alguno”.

“Si llegada esa fecha no se hiciera, el Ayuntamiento se verá en la obligación de iniciar la ejecución forzosa, que ya comenzó cuando se recibió la sentencia de primera instancia, pero que se tuvo que paralizar porque la autoridad judicial, a petición del ganadero, dictaminó que se esperara a la resolución firme del Tribunal Supremo”, ha explicado.

La ejecución forzosa “consistirá en el precinto de la actividad económica para impedir que se siga con la comercialización de la leche, con independencia de que mientras se hace el traslado del ganado, el titular de la explotación o sus empleados puedan acceder al interior a los solos efectos de darle los cuidados necesarios al ganado, pero sin que pueda procederse a comercializar la leche”.

Por otra parte, según el Gobierno local, “la Junta de Andalucía debe proceder de forma inmediata a cancelar el código de explotación ganadera, para lo que el alcalde, Javier Ruiz, ya ha enviado el correspondiente oficio”. A su juicio, la Administración autonómica “no puede ponerse de perfil y no querer entrar en este asunto, cuando ya hay una sentencia firme que determina que la actividad no puede seguir ejerciéndose y cuando lo que está en juego es la salud pública”. “Esperemos que el Gobierno andaluz esté a la altura de la circunstancias, de manera que respete, acate y cumpla el mandamiento judicial”, añade al respecto el Gobierno municipal en un comunicado.

Destaca que “con esta resolución judicial se da un paso muy cualitativo para solucionar de una vez por todas, el problema de salubridad pública que muchos roteños vienen padeciendo desde hace más de una década, ya que, aunque la ejecución forzosa es un procedimiento que se puede demorar algunos meses, será la solución definitiva al problema”.