Suele suceder en los intercambios de comentarios de las redes sociales que en los asuntos candentes en la política de España alguien descalifique a los que no viven las situaciones in situ. Sucede con el conflicto catalán; no falla que en cualquier hilo surja un residente allí que descalifica, como con condescendencia, el criterio de otros: “No conocéis lo que sucede, aquí no hay ningún problema en la calle, os ofuscan las noticias de la prensa española”. Resulta asombroso que no se nos conceda criterio sobre un asunto del que recibimos toneladas de información diaria, cuando hemos cursado un largo máster intensivo en catalanismo desde, sobre todo, 2019: juicios por sedición, declaraciones unilaterales de independencia, huida de empresas, quema de mobiliario urbano, ataque y ocupación de aeropuertos, autopistas, estaciones y otras infraestructuras públicas, indultos, prófugos, tetris de escaños, leyes de amnistía. Pues bien, traigamos a colación a catalanes de ocho apellidos.

Es el caso de Jordi Amat, Amnistía para normalizar, El País, 10/3/24: “El origen de la tramitación de la ley de amnistía fue descaradamente interesado. Aunque el presidente lo repita, la ley no ha tenido como punto de partida ni tendrá como punto de llegada la reconciliación. No hace falta mixtificar más las palabras. Aunque por su parte los partidos independentistas repitan que la próxima estación será la autodeterminación, ellos saben, porque lo dicen las encuestas y los resultados electorales, que hoy en día la independencia está en vía muerta y cada vez hay menos catalanes subidos a este tren, porque todos somos conscientes de lo costoso que resultó este viaje a ninguna parte. No hace falta engañar más al personal”. Según el propio Amat explica, se trata de recuperar un territorio político, sabedor de que el arma del rechazo a España mantiene un porcentaje de votantes. Aunque no suficiente para sus objetivos declarados, que en el fondo no pretenden, sino que los esgrimen por su utilidad. Para huir del delito, acatar de tapadillo la Constitución, hacer política saludable... y quizá pactar en un futuro próximo con el PP para gobernar (caso de Junts) y obtener beneficios para su autonomía: lo de siempre desde 1977; ahora para paliar el batacazo que la corrupción propició a CiU.

La última prueba de que detrás de todo esto estaban y están las estrategias políticas partidistas del cosmos pujolista y de ERC, y no una república catalana, ha sido el nuevo anuncio de concesión a Cataluña, paralela a la resurrección del Espanya ens roba. Lo ha hecho, en modo Bolaños, o sea, triunfante y con crecepelo, una experta en financiación autonómica y, en concreto, sabedora de la infrafinanciación de Andalucía: la vicepresidenta María Jesús Montero, que ya habló de “urgencia” y “cambios profundos” del sistema de financiación nacional, nada más que se hizo evidente tras las elecciones que los 7 votos de Junts eran la clave para mantener al PSOE en la Moncloa. Ahora abre la caja de todos los truenos y todos los manejos: los de la plastilina de las balanzas fiscales. Preperando el camino para corroer un mandato constitucional de todo país decente: la redistribución fiscal y la solidaridad interterritorial. Como hace la UE, vaya: por cierto, Cataluña también ha sido enorme receptora de fondos de cohesión y convergencia europeos. De la mano de Montero y su cambio de chaqueta, caminamos hacia una grave asimetría en una España desquiciada por la aritmética electoral. Si esto no lo remedian las urnas (y es difícil), tendremos a los dos territorios más ricos, País Vasco y Cataluña, haciéndose “un Juan Palomo” tributario. Todo, menos socialismo o socialdemocracia. Volvemos a la casilla de salida: España nos roba.