EL desdichado incidente protagonizado esta semana por el Parlamento de Andalucía tras desvelarse que la Mesa y la Junta de Portavoces habían acordado, el 20 de marzo, aumentar la cuantía de las dietas que perciben su presidente y los nueve portavoces adjuntos tiene menos relevancia por sí mismo que por lo que significa. La subida tiene escasa incidencia en los presupuestos de la Cámara, que también ha adoptado medidas de contención del gasto en los últimos años como el resto de las instituciones (precisamente por eso llama más la atención este aumento). Pero es políticamente muy significativa. Primero, por rechinar en la actual etapa de obligada austeridad. Segundo, por haberse pactado en la semioscuridad, como si se tratase de un asunto rutinario y sin importancia. Y tercero, porque revela un grave alejamiento de los parlmentarios de las preocupaciones, inquietudes y estado de ánimo de los andaluces a los que representan. En esta Andalucía que bate récords de paro difícilmente soportables, se empobrece a ojos vista y se hace necesario que su Gobierno apruebe un programa para que miles de niños puedan comer tres veces al día, plantearse siquiera que un pequeño colectivo de cargos públicos vean aumentadas sus retribuciones, que además se fijan ellos mismos, constituye un disparate que no tiene más remedio que aumentar la desafección con los políticos y con la política, ya suficientemente golpeados en su credibilidad por una gestión contra la crisis que no está siendo positiva y por los escándalos de corrupción que se suceden en casi todos los ámbitos de la vida pública. También resulta escandaloso que, tras revelar el Grupo Joly la maniobra, los tres grupos parlamentarios que la idearon y la perpetraron, por unanimidad, se pretendan indignados por algo que hicieron ellos y sólo ellos. Lo único positivo de este episodio es que han dado marcha atrás con rapidez. Pero sólo cuando lo ha conocido la opinión pública.