Juan Alfonso Romero
Más estresado que Nene el de la Unión de Hermandades
La esquina
Aparte de los detalles cutres y la cultura hortera que se van desvelando del que empezó siendo el caso Koldo y ya veremos cómo se acaba llamando, lo más significativo políticamente de esta semana ha sido la presunta implicación en el mismo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La tercera autoridad del Estado.
Aclaremos. No me refiero a su implicación penal –no está en el sumario ni ha sido investigada–, ni mucho menos a su culpabilidad, lejanísima y muy presunta. Estas simplificaciones apocalípticas son propias de la dirección del Partido Popular, que ha olido la sangre de presa fácil y se ha apresurado a deducir y denunciar que el PSOE es una organización criminal, que esta trama la ha montado por financiarse y que el jefe, Pedro Sánchez, lo sabía todo y lo ha estado ocultando.
Vayamos a lo serio. Francina Armengol ha quedado en entredicho por la compra de mascarillas a una empresa de la red de Koldo-Cueto-Rotaetxe-etcétera por parte del Gobierno de Baleares siendo ella presidenta de dicha comunidad autónoma. Su responsabilidad política al respecto parece evidente y ella no ayudó precisamente a enterrarla en su desdichada comparecencia ante la prensa. Por cierto, el día antes la Fiscalía Europea anunció que investigará los contratos citados, y los suscritos también por Baleares, ya que fueron financiados con fondos comunitarios.
Los puntos débiles de la posición de Armengol salieron a relucir ante los periodistas. Uno, ¿por qué se negó tres veces a identificar a quien recomendó a su gobierno que comprara las mascarillas a la empresa de los Koldo y compañía, tras reconocer que la recomendación venía del Ministerio de Ábalos? Dos, ¿por qué el Govern de Armengol retiró las mascarillas adquiridas por inútiles para la Covid en junio de 2020 pero no firmó la reclamación para la devolución del dinero pagado hasta julio de 2023? ¿Más de tres años de pasividad por la tradicional lentitud de la Administración? Y tres, ¿por qué el mismo alto funcionario balear que ordenó en junio de 2020 retirar las mascarillas defectuosas firmó en agosto a la compañía defraudadora un certificado de calidad con este añadido: “Para que conste a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia...”.
Ocurrió durante la guardia de Francina Armengol. Responsable política de eso.
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