Huelga de trenes al inicio de vacaciones

VARIOS miles de ciudadanos fueron tomados ayer nuevamente como rehenes en un conflicto con el que no tienen nada que ver. Uno de cada tres trenes programados para la jornada del Miércoles Santo no funcionó a causa de la huelga convocada por el sindicato CGT de Renfe, lo que obligó a muchos ciudadanos a largas horas de espera o a improvisar viajes en autobús a fin de poder desplazarse a sus lugares de ocio o trabajo. Es una historia que se repite: un colectivo de trabajadores ubica sus movilizaciones en las coyunturas más convenientes para provocar molestias y perjuicios a los clientes o usuarios de sus empresas, tanto más graves cuanto más estratégico es el sector al que pertenecen, como es el caso del transporte de viajeros y mercancías. No hay necesidad de subrayar la injusticia que se comete con una ciudadanía indefensa ante estas medidas de presión. Se debe resaltar que en el caso que comentamos la huelga había sido convocada por el sindicato más minoritario de los que funcionan en la red de ferrocarriles públicos, ya que CGT sólo dispone de uno de los trece representantes de los trabajadores en el seno del comité general de la empresa. Ello refleja obviamente el daño que una minoría de huelguistas puede producir en un amplio colectivo de ciudadanos corrientes, ajenos a los conflictos que se tratan de dirimir a su costa. Durante los últimos años se ha hecho aún más evidente el hecho de que la no regulación por ley, como manda la Constitución, del derecho de huelga permite atropellos de este tipo. El derecho de huelga es uno de los derechos constitucionales básicos, pero no está exento de la posibilidad de que se cometan abusos en su ejercicio. No basta, como demuestra la experiencia, con el establecimiento de unos servicios mínimos mientras dure el conflicto. Se hace imprescindible una regulación del derecho de huelga que, sin impedir que nadie lo ejerza, imponga las limitaciones necesarias en aquellos casos en que se producen graves perjuicios a la tranquilidad y la libertad de movimientos de los ciudadanos. La sociedad entera no puede estar sometida al chantaje de unos cuantos.

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