Pasado el escalofrío amistoso de la Navidad, llega la barojiana lucha por la vida, de ahí que el señor Sánchez se halle ultimando una negociación con sus socios de Junts para aprobar hoy mismo tres decretos. En esta árida versión de las rebajas, la gente de Junts exige sancionar a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017; ignorándose, hasta el momento, cuál es la postura del Gobierno. Es verdad que los chicos de Junts podrían haber arbitrado otra forma de recuperar las empresas huidas. Por ejemplo, prometiendo que no volverían a dar un golpe de Estado. U obstaculizando la vieja y entrañable práctica del 3%, popularizada por el catalanismo. Pero en Junts han debido pensar que eso es poco patriótico, de ahí que prefieran que sea el Gobierno español quien apremie y sancione a las empresas en fuga.

Si esto se llevara a cabo, es posible que algunas firmas acaben huyendo de España, entorpecidas y acuciadas en todo el territorio nacional. Aun así, el señor Puigdemont, que ya provocó la huida empresarial y el trastorno económico de Cataluña en 2017, no parece muy preocupado por tal asunto. Al contrario, don Carles Puigdemont parece interesarse, mayormente, en presentar al Estado como persecutor de empresas catalanas, quienes de este modo tendrían que volver al redil patrio y al seno distópico del catalanismo. ¿Ocurrirá esto finalmente? Depende de lo que arbitre el Gobierno. Lo que sí podemos colegir es que el golpismo catalán, en cualquiera de sus variantes, no ha aprendido nada de su anterior experiencia. Entre otras cosas, porque el nacionalismo es una ceguera parcial, que arroja a la tiniebla exterior aquello no surte sus verdades xenófobas. No en vano, el señor Puigdemont quisiera demostrar a posteriori que si las empresas se marcharon fue por culpa de Madrit, y no por su accidentado caudillaje. Añadido a ello, queda clara otra cuestión, digamos, de carácter simbólico. Con esta exigencia, Junts privilegia una dramatización del Mal sobre los perjuicios reales que pudiera causar (además de los ya causados) a las economía catalana.

Por supuesto, no sabemos si el Gobierno aceptará esta punición de empresas. Pero, francamente, no parece muy aceptable. Uno entiende que la seguridad jurídica no está entre las prioridades gubernamentales. A pesar de ello, multar y deportar empresas a los lugares de donde huyeron, quizá sea demasiado, incluso para el señor Sánchez y su flexible concepto del progreso.